La Fiscalía determinó desestimar la denuncia que presentó la bancada de Creemos en contra de las personas afines al Movimiento al Socialismo que cercaron a Santa Cruz, quienes estaban en desacuerdo con el paro indefinido que había iniciado el Comité Interinstitucional para que el censo se realice el 2023.
“La denuncia fue desestima, procesalmente tenemos la oportunidad de presentar una vez más, pero estamos analizando la situación para tomar la mejor determinación, aún no fueron notificados los diputados que presentaron la denuncia”, informó el abogado Juan Carlos Ledezma.
El 25 de octubre, el Transporte pesado decidió cercar Santa Cruz y trasladó tierra que dejó al centro de la avenida de la doble vía La Guardia, uno de los dirigentes indicó que no iban a dejar pasar “absolutamente nada” y otros sectores se sumaron a la medida en rechazo al paro indefinido que el Comité pro Santa Cruz inició tres días antes y que hoy cumple 24 días exigiendo que el censo se realice el 2023.
El jurista explicó que el fiscal de la Unidad de Análisis, Osmar Pereira, fue quien rechazó la denuncia en contra de las personas que cercaron la capital cruceña. “El fiscal arbitrariamente de forma obscura ha fundamentado que no habría elementos de convicción y pruebas suficientes para establecer que se habría incurrido en los delitos denunciados”.
El abogado dijo que los delitos por los que se los acusaba a los autores del cerco a Santa Cruz eran por terrorismo, atentados contra la salud, entre otros. El otro abogado de la bancada de Creemos, Juan Carlos Camacho, explicó que el delito de terrorismo tiene un tratamiento diferenciado de los delitos comunes porque un decreto supremo del expresidente Evo Morales así lo indica.
La jornada de este domingo se conoció que el Ministerio Público aceptó la denuncia presentada por Marcelo Mayta, ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto, contra el gobernador Fernando Camacho, el líder cívico Rómulo Calvo y el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, fue admitida.
La denuncia es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, atentados contra mandatarios y otros. Para ambos abogados, la justicia no mide con la misma vara a todas las personas, por lo tanto, no se aplica el principio de igualdad ante la ley, toda vez que hay un sesgo por ser del partido en función de Gobierno.
En los 24 días de paro cívico, diferentes organizaciones afines al Movimiento al Socialismo (MAS) trataron de levantar los puntos de bloqueo utilizando la violencia con el respaldo de la Policía, pero no pudieron lograr su objetivo.
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