Desde la bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional advirtieron este viernes que el Gobierno después de generar “terrorismo de Estado” en el departamento de Santa Cruz, ahora, un segundo paso, es crear una narrativa de criminalización para aprehender a lideres cívicos.
El diputado de Creemos Erwin Bazán manifestó que la responsabilidad de resolver el conflicto en Santa Cruz, que exige que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023, está en la cancha del Gobierno, advirtió que debe pensar muy bien el siguiente paso que va a dar porque Santa Cruz defenderá a sus líderes.
“Estamos completamente seguros que primero montaron violencia (en Santa Cruz), hicieron terrorismo de Estado, ahora están montando una narrativa, están contando una mentira completamente falsa para generar un escenario en el que después y, como último paso, tengan que criminalizar y aprender a la dirigencia cruceña”, alertó Bazán.
El parlamentario dijo que llegó a esa conclusión porque hay información filtrada que circula desde el mismo entorno del gobierno nacional y por ende hay peligro de que sea aprehendido el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el gobernador Luis Fernando Camacho y otros.
El paro indefinido en Santa Cruz cumple 21 días y el primer hecho de violencia que cobró la vida de una persona fue en la localidad de Puerto Quijarro, frontera Bolivia – Brasil. Posteriormente se produjeron otros hechos de violencia en La Guardia, Pailón, en San Carlos, en el Plan 3000 y en otros lugares de la capital y del departamento cruceño.
Durante los días de paro indefinido en Santa Cruz, se observaron a grupos del Movimiento al Socialismo (MAS) desbloqueando las vías con violencia. Hubo intentos de poner fin al conflicto con mesas de diálogo instalados en Santa Cruz, Cochabamba y Beni.
Se espera que en las siguientes horas, o días, el Gobierno emita un decreto supremo con la “fecha fija” para el censo; mientras tanto, se tiene previsto para el domingo un cabildo en Santa Cruz.
Esta jornada también se observó hechos de violencia en el departamento de Santa Cruz. Uno de los últimos casos fue el incendio generado en las instalaciones de la Federación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia (FSUTCB).
En declaraciones pasadas, Manuel Morales, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), hizo notar que cuando el Gobierno organiza y asesora a grupos de choque paraestatales directamente ingresa al campo de “terrorismo de Estado”.
“Lo que estamos viendo en Santa Cruz es que el Gobierno está generando grupos parapoliciales lo que puede generar un nivel muy grave de violencia, por eso, nosotros estamos señalando que el país se está encaminando a un terrorismo de Estado, eso cuando el Gobierno sale a reprimir, pero también utiliza organizaciones sociales para reprimir a la población”, declaró Morales.
Con el fin de prevenir la aprehensión de los líderes cívicos, Creemos presentó el 8 de noviembre una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para prevenir un daño irreparable.
“Estamos solicitando que se tutela los siguientes derechos: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la salud. Las medidas solicitadas en concreto son las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica. El Gobierno debe abstenerse de emplear la fuerza y la violencia de forma directa o indirecta contra los manifestantes pacíficos en Santa Cruz”, precisó Bazán.
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