El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) firmaron un acuerdo para la explotación aurífera en las áreas protegidas de Madidi, Cotapata y Apolobamba. La Contiocap rechazó el pacto y exigió su anulación porque atenta a las reservas naturales.
“Se dará inicio a los planes de Manejo del Parque Nacional de Área de Manejo Integrado (PN ANMI Madidi), del PN ANMI Cotapata y de Apolobamba, según corresponda, cumpliendo todos los procedimientos y plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes. Las mismas serán a petición de las comunidades de las áreas protegidas”, señala el acuerdo.
Mientras que la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia expresó su rechazo al acuerdo y está exigiendo que la entrega de esas áreas se revierta y se anulen los acuerdos entre ambas partes.
“Exigimos que esta entrega inconstitucional del patrimonio natural al sector cooperativista aurífero sea declarada nula de pleno derecho, así como los convenios firmados entre mineros y gobierno, por atentar contra los intereses del país y los derechos humanos del pueblo boliviano”, resalta el punto dos del pronunciamiento.
El acta fue firmada el jueves por la noche, esa petición formaba parte del pliego petitorio de los mineros que llegaron a la ciudad de La Paz y la bloquearon por dos días. En el documento está la rúbrica del viceministro de Medio Ambiente, Omar Sharif, del director del Sernap, Teodoro Mamani y de los mineros cooperativistas.
Al respecto, desde la Contiocap afirmaron que ese acuerdo restringe que los pueblos indígenas ejerzan su derecho colectivo de defender sus territorios, porque consideran que serán encarcelados y tildados como avasalladores.
“Denunciamos que, en este escenario y por las características del acuerdo firmado con los auríferos, los pueblos indígenas que ejerzamos nuestros derechos colectivos seremos criminalizados y encarcelados porque seremos considerados ‘avasalladores’ de la supuesta propiedad de mineros protegidos por el Gobierno”, dice otra parte del manifiesto.
Finalmente solicitaron a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos a que tomen medidas preventivas ante el riesgo de violencia que corren las comunidades indígenas originarias y campesinas, que solo defienden su territorio.
“Las acciones violentas e impunes del sector minero se constituyen en una seria amenaza contra las poblaciones indígenas originarias campesinas y la sociedad civil en Bolivia”, concluye la nota.
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