El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) determinó mediante un fallo que Bolivia debe indemnizar a BBVA con 105 millones de dólares por el "retraso injustificado" en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones que el Gobierno inició en 2009.
El fallo emitido el 12 de julio dice que Bolivia debe pagar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 94,8 millones de dólares a título de “indemnización” 10,21 millones de dólares por los “intereses” generados a partir del 1 de octubre de 2020 hasta el 1 de junio de 2022.
La decisión es parte del laudo arbitral que inició el banco español en contra del Estado boliviano en agosto de 2018 después de que no fuera posible llegar a un acuerdo respecto a la valoración del negocio de los fondos de pensiones.
En 1997, BBVA constituyó en Bolivia la sociedad AFP-Previsión BBVA con un 80% del capital social. En 2009, tras la decisión del Gobierno de nacionalizar los servicios de pensiones, el Ejecutivo y la entidad iniciaron conversaciones de negociación, pero no llegaron a ningún acuerdo.
El Ciadi en su fallo rechaza la objeción jurisdiccional planteada por Bolivia y declara que tiene jurisdicción sobre la reclamación del BBVA y “que tal reclamación es admisible”.
Declara que Bolivia violó el Tratado “al no otorgar un trato justo y equitativo a la inversión de la Demandante, en violación al Artículo 3(1) del Tratado”.
Además, declara que Bolivia violó el Tratado al tomar “medidas arbitrarias que obstaculizaron la disposición de la inversión en violación al Artículo 3(2) del Tratado”.
Ordena al estado boliviano que pague a la BBVA la suma de $us 94,8 millones a título de indemnización y le ordena a la Demandante (BBVA) poner a disposición de la Demandada (Bolivia) sus acciones en Previsión.
“La Demandada tendrá un año a partir de la fecha de este Laudo para aceptar la transferencia de las acciones”, se lee en parte de las determinaciones del fallo.
Además, ordena que Bolivia pague a BBVA la suma de $us 10,2 millones a título de intereses compuestos a la tasa anual de 6,36%, generados a partir del 1 de octubre de 2020 hasta el 1 de junio de 2022.
También ordena que cada Parte asuma sus propios costos y gastos de representación en el arbitraje, incluyendo los honorarios y gastos de sus apoderados, peritos y testigos y que cada Parte asuma el 50% de las costas del procedimiento, incluyendo los honorarios y gastos de los miembros del Tribunal, los gastos administrativos del CIADI y los cargos directos.
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