El ministro de Justicia Iván Lima anunció la promulgación de la Ley 179/2021 este lunes por parte del presidente Luis Arce para dar inicio a la aplicación la justicia restaurativa en el país con el que se pueden solucionar procesos como el caso del ex Fondo Indígena (Fondioc) y que los mismos sean resueltos dentro el debido proceso.

Explicó que, con esa ley, la exejecutiva Elvira Parra y todos los casos del Fondo Indígena tendrán una solución desde el punto de vista constitucional y justicia humana en favor de varias familias que están siendo objeto de un proceso tan duro y tan complejo.

Parra lleva siete años detenida con 190 procesos penales que la llevan por varios departamentos a responder por proyectos inclusos a consecuencia del presunto desvío de fondos, supuestamente, a cargo de dirigentes sindicales afines al partido de gobierno.

Lima explicó que hubiera sido fácil cerrar el caso Fondioc y el país hubiera aplaudido, pero no es lo correcto y por ello el presidente Luis Arce al promulgar la ley, está dando las herramientas constitucionales para encontrar una solución aplicando el debido proceso.

¿Qué es lo que quiere la comunidad, el municipio o el lugar donde se ha hecho el proyecto del Fondo Indígena? Que se haga la obra, que la empresa termine la obra. No necesitamos coliseos cerrados porque están en juicio y no necesitamos proyectos de apoyo a los municipios porque hay un juez o un fiscal que no está dando soluciones estructurales”, manifestó en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

Precisó con la justicia restaurativa va a escuchar a quien está acusado, a quien ha debido ser beneficiado por la obra y principalmente a los actores. El ministerio de Justicia va a proporcionar el ámbito necesario para reparar estos problemas que llevan mucho tiempo en el país.

Explicó que se tendrá que analizar cada uno de los casos del Fondo Indígena y determinar en aquellos casos en los cuales las personas que han tomado decisiones en esos proyectos han culminado los mismos, han utilizado los recursos del país para hacer obras, para terminarlas y no pueden estar en un juicio penal en este momento.

Manifestó que seguramente hay personas que han demorado la ejecución y tendrán que ser sancionadas, quizás administrativamente y también puede haber un grupo de temas que merecen una condena de privación de libertad.

La autoridad destacó que la Ley 179 es una ley estructural que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y por más de dos tercios en el Senado para tratar de resolver problemas de retardación de justicia desde el punto de vista humano.

Por otra parte, explicó que la nueva ley que sube a 20 años la pena por prevaricato cometido por vocales y jueces que favorezcan a feminicidas, infanticidas o violadores de infantes, niñas, niños y adolescentes.

Subrayó como otro elemento fundamental es el hecho de que los abogados dejen de utilizar la justicia constitucional y pasen a utilizar el principio de “pronto despacho” y la posibilidad que tiene el pueblo de decirle a los jueces que tomen decisiones en un plazo de 10 días bajo riesgo de un proceso penal a cargo del Consejo de la Magistratura.

La autoridad lamentó que los medios de comunicación no reflejen en sus titulares temas de transformación de la justicia como el hecho que más de 800 notarios tienen ahora la firma digital y el sistema informático implementándose en su totalidad a partir de este martes.

También el hecho que todos los abogados a partir de la semana pasada pueden inscribirse, actualizarse y tener el registro público de la abogacía a un clic. “Y lo acepto no es una noticia la buena noticia, pero yo creo que tenemos que empezar a ver como país que se está trabajando en la transformación de la justicia en temas estructurales”, puntualizó.

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