A través de un pronunciamiento público, los exministros de Evo Morales manifestaron su total apoyo a la restructuración de la Policía Boliviana y cuestionaron la capacidad del Ministerio de Gobierno para conducir la política de seguridad pública a la que califican de “desafortunada”.
Señalan que es insostenible los innumerables los aberrantes actos de corrupción sobre vinculación y protección al narcotráfico, control del delito desde centros penitenciarios, sistema extorsivo y de recaudación para los altos mandos, robo, posesión y comercialización de vehículos robados, encubrimiento y manipulación de delitos mediante chantaje e intimidación en complicidad con jueces y fiscales, violaciones sexuales y muchos otros hechos ilegales que muestran una institución severamente descompuesta.
Observan una profunda y extendida corrosión en la ética y la función profesional policial que, en su criterio, constituye un severo riesgo para la seguridad de los ciudadanos, para el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y el orden constitucional.
Denuncian protección política selectiva de algunos niveles jerárquicos del Ministerio de Gobierno contra los responsables del golpe de Estado y la impunidad en la que se desenvuelven aquellos policías que forman parte de la órbita de protección, recaudaciones ilegales y privilegios que se concede desde algunos mandos policiales.
Aseguran que la presentación ilegal de presuntos delincuentes para demostrar una aparente capacidad policial investigativa, violando flagrantemente derechos constitucionales de ciudadanas y ciudadanos es apoyada por algunos niveles del Ministerio de Gobierno, hecho que constituye la prueba más evidente de la incapacidad de esta cartera de Estado para gobernar esta área vital de la seguridad ciudadana.
Condenan la maniobra política de comités cívicos, especialmente de Santa Cruz, algún empresariado, partidos políticos de derecha, diputados y senadores de la oposición, ciertos medios de comunicación y otros actores que se opusieron a la aprobación de la ley destinada a la investigación de fortunas ilícitas.
Los exministros coinciden con el presidente Luis Arce, en torno a que la falta de este instrumento normativo facilita, permite y fomenta la ilicitud en la que se mueve la Policía, crea entornos financieros volátiles para lavar activos, encubre las actividades ilegales de supuestos empresarios prósperos, corporaciones y gremios.
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