En un caso que siguió el país y la comunidad internacional, la expresidenta Jeanine Áñez fue sentenciada este viernes a 10 años de cárcel por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes en el caso denominado Golpe II.

El Gobierno, a través de un comunicado del Ministerio de Justicia, calificó el fallo como “un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado a partir de la ruptura del orden constitucional”. “Establece ante la historia que la vía democrática y constitucional es la única ruta para llegar al poder”, añade.

Áñez y líderes ciudadanos y de oposición defienden que, en 2019, esta cumplió con el deber de asumir la Presidencia tras la cadena de renuncias que, según han denunciado, buscaba crear caos en el país tras la salida de Evo Morales y Álvaro García Linera por las protestas que denunciaban fraude electoral.

Sin embargo, para el Gobierno, la determinación judicial de esta noche "prueba todas las vulneraciones en las que incurrió la señora Áñez en su calidad de senadora, al autoproclamarse presidenta del Estado, en transgresión del artículo 169 de la CPE para la sucesión constitucional, y de los reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores”.

"El Órgano Judicial en el ejercicio de su independencia dictó una sentencia que se enmarca en los principios y garantías del debido proceso que reconoce la Constitución Política del Estado", remarca a un inicio de su comunicado. 

Este proceso fue impulsado en la vía ordinaria en medio de reclamos de la defensa de la exmandataria porque le correspondía un juicio de responsabilidades.

En su comunicado, el ministerio de Iván Lima asegura también que se respetó el debido proceso cuando la defensa ha denunciado todo lo contrario.

En la justicia se ventilan otros siete procesos, dos paralizados en la vía ordinaria, y cinco proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades, entre ellas la que corresponde a las muertes en las masacres de Senkata y Sacaba.

“Garantizamos nuestro firme compromiso para continuar en la búsqueda de justicia para todas las víctimas del golpe de noviembre de 2019”, reza el documento.

Durante este tiempo, activistas y víctimas de Senkata y Sacaba han reclamado que el Gobierno no las ha atendido lo suficiente.

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