El investigador senior de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, expresó su preocupación por la forma en la que se llevó adelante el proceso penal contra la exmandataria Jeanine Añez y lanzó varias observaciones, entre ellas que la justicia no permitió que esté presente en su propio juicio.

La primera impresión del organismo internacional experto en derechos humanos fue de preocupación. "Bolivia: Nos preocupa la forma en la que han sido llevados a cabo los procesos penales contra la expresidenta Jeanine Áñez", dice el primer mensaje en torno a la condena del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz.

“Los tribunales superiores deben examinar cuidadosamente y de forma independiente cómo se llevaron a cabo los procesos penales contra la expresidenta Áñez, así como garantizar el debido proceso y los remedios adecuados si determinan que se violaron sus derechos”, señaló Muñoz por su cuenta de Twitter.

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz dio lectura de la sentencia por el caso “golpe II”  al promediar las 21:25 horas. La exmandataria fue acusada de cometer los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Recordó que en 2019 el mando militar pidió la renuncia del expresidente, Evo Morales, en medio de las denuncias de fraude electoral.

"En 2019, el alto mando militar pidió la renuncia a Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral ahora cuestionadas. Que militares le pidan la renuncia a un presidente constituye una afrenta directa a los principios democráticos. Los fiscales deben investigar esos hechos", planteó.

Asimismo, manifestó que “Toda investigación penal debe hacerse de conformidad con el debido proceso, incluida la presunción de inocencia, y llevarse a cabo de acuerdo con los estándares que establece el derecho internacional”.

El investigador del HRW resaltó que a la expresidenta no se le permitió asistir a su propio juicio, pero sí estuvieron los fiscales, abogados y otras personas. “Eso le impidió (a Añez) consultar con sus abogados durante las audiencias”, acotó.

Observó que "Los jueces dijeron que no podían garantizar la salud y seguridad de la expresidenta Añez en el tribunal. Las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad de los acusados para que asistan a su juicio. Los imputados no deben ser castigados por las fallas del Estado".

También cuestionó los delitos penales por los que fue condenada "Los delitos por los que Añez fue condenada (incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley) están definidos de manera muy amplia en la ley boliviana. Los gobiernos de Morales y Áñez usaron esos tipos penales en procesos que parecían tener motivaciones políticas".

Recordó que la expresidenta Añez fue detenida en marzo de 2021 acusada de terrorismo, sedición y conspiración. Sin embargo, la HRW revisó la imputación y no encontró evidencia que sustente estos extremos. "Más tarde, los fiscales la acusaron por incumplimiento de deberes y por adoptar resoluciones contrarias a la ley".

Asimismo, el investigador senior subrayó que el sistema judicial de Bolivia sufre de injerencia política desde hace años. En ese sentido, añadió que el presidente Luis Arce continúa sin reformar la justicia boliviana.

“Su gobierno impulsa el proceso contra Añez por la forma en que asumió como presidenta interina en 2019. Al mismo tiempo, siguen en la impunidad las 37 muertes ocurridas en ese contexto, incluidas las masacres de Sacaba y Senkata”, subrayó.

La sentencia contra la exjefa de Estado desató rechazo de parte de políticos de oposición y un clima de “satisfacción” en autoridades del Gobierno. Por su parte, Carolina Ribera, hija de la expresidenta, anunció que apelará la sentencia dictada contra su madre.

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