Según documento presentado a la Fiscalía, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) no se constituyó como parte querellante en contra del polémico dirigente universitario Max Mendoza, de 53 años, tras descubrirse que era beneficiado con un sueldo de casi Bs 22 mil al mes sin cumplir los requisitos mínimos para ocupar el cargo como miembro del Presídium XIII del Congreso Nacional Universitario en 2018.
“(…) Tenemos a bien apersonarnos al presente proceso constriñéndonos en calidad de conforme lo dispuesto por el Art. 76. (Víctima). Se considera víctima: ‘Num. 3. A las personas jurídicas en los delitos de que les afecten; ‘Num. 5. Al Estado, a través de sus instituciones, en los delitos que le afecten’, en tal sentido nos apersonamos ante el presente proceso y comisión de fiscales, comprometiéndonos a coadyuvar con el transcurso de investigaciones, solicitud que la realizamos al amparo del Art. 24 de la Constitución Política del Estado”, indica el memorial enviado a la Fiscalía el 2 junio y firmado por Freddy Mendoza, Ejecutivo del CEUB, Israel Centellas y Waldo Caballero.
El Ejecutivo del CEUB fue acusado por ser parte de la cúpula que permitió que Max Mendoza se beneficie con el cargo que le posibilitó cobrar casi 22 mil bolivianos al mes. Sin embargo, el nuevo mandamás de las universidades negó la relación y anunció que realizará una auditoría para develar las irregularidades que se cometieron bajo la dirigencia del universitario Mendoza.
Hasta el momento, sólo se conocen a seis denunciantes contra Mendoza, entre ellos están tres diputados, un estudiante, un docente y el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Oscar Heredia. Se desconoce si otras instituciones universitarias forman parte querellante en el proceso.
Fiscal departamental de La Paz, William Alave, precisó que las seis denuncias refieren a los delitos de peculado, uso indebido de influencias, beneficios en el cargo, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público y uso indebido de bienes y servicios públicos.
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