Ante la solicitud de 20 años de cárcel que hizo el Gobierno para los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), la alianza política Creemos convocó a cívicos, partidos de oposición y población en general a impedir la vulneración de sus derechos humanos.

“La RJC fue parte de la movilización nacional democrática contra el fraude del MAS. No es responsable de ningún delito y más bien ayudó a parar el fraude masista y a resguardar la democracia, Instamos a movimiento cívico, a los partidos de la oposición democrática, a los ciudadanos de toda Bolivia, respaldar a los jóvenes de la RJC, para impedir que se consume un atropello contra su libertad y sus derechos constitucionales”, dice el comunicado.

A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno informó que la Justicia presentó la acusación formal en contra de los integrantes de la RJC, misma que fue notificada a las partes y se espera que el lunes 6 de junio inicie el juicio oral, donde solicitarán la pena máxima de 20 años de cárcel.

Al respecto, la tienda política afirmó que esa repartición de Estado parece un bando autoritario donde se adelanta el ajusticiamiento de los jóvenes cochabambinos que resistieron el fraude del MAS el 2019.

A la vez, cuestionan que se esté utilizando el informe del Relator de la ONU, Diego García Sayán para solicitar la condena máxima para algunos de sus integrnates. Advirtieron que enviará una nota al diplomático denunciando sobre el uso político del documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“El Ministerio de Gobierno usurpa las funciones que le competen al Ministerio Público y, como en las viejas dictaduras, anuncia actos procesales y fija años de condena a los presos políticos. Las próximas horas, CREEMOS enviará una carta al Relator Diego García Sayan; informándole sobre el uso político que hace Ministerio de Agobiemos del informe del GIEI”, resalta otra parte del comunicado.

Yassir Molina Lozada, Milena Sotto López, Mario Antonio Bascopé Revuelta y Fabio Alejandro Bascopé Revuelta enfrentan dos juicios, uno instaurado en la ciudad de Cochabamba y otro en la ciudad de Sucre.

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