El senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, calificó como una “indisciplina política” el proceder de sus colegas del partido Ramiro Venegas y Freddy López al denunciar al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y al Comandante General de la Policía, Jhonny Aguilera, ante el Ministerio Público.
“Yo no voy a apoyar esa iniciativa (la denuncia), se llama una indisciplina política y esto tendríamos que haber tratado nosotros como senadores allá, en esta Cámara. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo, aunque tengan tanta razón. Uno como político tiene que saber obrar dentro de su partido. Es una indisciplina”, resaltó Ajpi ante la consulta de los medios sobre la acción de sus colegas.
El 13 de mayo pasado, a las 8.48, los legisladores oficialistas Venegas y López presentaron a la Fiscalía una denuncia penal en contra de Aguilera y Del Castillo por los delitos de incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Sin embargo, ésta fue desestimada a las 17.00 de ese mismo día porque se observó que no existían suficientes elementos para sostener la acusación y existían imprecisiones en los requisitos formales. Ambos parlamentarios ahora buscan revocar la resolución de desestimación.
“Lamento mucho por el senador Ajpi. Cada diputado o senador está en sus funciones y atribuciones y cumplir con lo que es el reglamento de la Cámara de Diputados. En esto creo que nosotros tenemos que ser sinceros y claros: aquí hay pruebas, acá está la papeleta de pagos, acá está el memorándum. Entonces, acá no podemos estar consultando uno por uno en la bancada. Nosotros dijimos que hemos venido aquí a trabajar y tarde o temprano vamos a rendir cuentas al pueblo boliviano”, dijo López en respuesta a su compañero de partido.
El diputado del MAS explicó que el 27 de enero pasado se realizó un memorándum para pagar un salario a más de 300 efectivos policiales, pero comenzó a pagarse desde el 1 de enero. Los legisladores observan que el pago debería haberse hecho a partir del 27 de enero. El supuesto daño económico al Estado alcanzaría al menos a un millón de bolivianos.
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