La diputada de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, denunció este martes presuntas irregularidades en la compra de equipos audiovisuales y la contratación de servicios de consultoría para la Defensoría del Pueblo, esta entidad exige a la legisladora que se retracte en tres días.
La parlamentaria explicó que el 2019 la Defensoría del Pueblo adquirió una cámara filmadora por un monto de Bs 41.840 y una cámara fotográfica por Bs 33.000; mediante contrato directo, aunque cree que debieron ser comprados mediante la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) por sobrepasar los Bs. 20.000.
Observó la compra de islas de producción porque en el Sicoes no detalla las características como el modelo o la marca, estos equipos tuvieron un costo de Bs 147 mil. Argumentó que todos los equipos fueron adquiridos antes de la campaña electoral de 2019.
“Resulta que estos equipos recién son usados dos años después, ¿Dónde estuvieron los equipos?, y me refiero a la sala audiovisual Luis Espinal que inauguró la Defensoría del Pueblo”, cuestionó Campero, al insistir que fueron adquiridos en la época de campaña electoral.
Por otra parte, denunció una supuesta “malversación de recursos económicos” en la contratación de consultores.
Detalló que el 8 de abril de 2019 se habría contratado a un consultor con el objeto de apoyar en la producción audiovisual. El contrato debió culminar en noviembre de 2019, pero rescindieron contrato en julio de 2019 y “se paga el total del monto de la consultoría”. Advirtió de otros tres casos similares.
“Hemos podido evidenciar sobreprecio en los equipos adquiridos. Además, la Defensoría recién inaugura este año en la sala audiovisual. ¿Por qué ha contratado más de tres consultores a los cuales se les paga montos arriba de los 20.000 y 30.000 bolivianos, ara realizar trabajos audiovisuales, si la sala recién ha sido inaugurada este año?”, dijo la parlamentaria.
La diputada de CC demandó al Ministerio Público y a la Contraloría General del Estado a investigar el manejo de los recursos económicos en esa entidad defensorial.
Esta agencia de noticias consultó a la Defensoría su versión en relación a la denuncia, esta institución presentó una nota escrita dirigida a Campero en la que le exige que se retracte en el plazo de tres días, de lo contrario acudirá a las instancias legales a efectos de "interponer las acciones disciplinarias y legales correspondientes por pretender dañar la imagen de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, señala que las aseveraciones de la legisladora carecen de respaldo documental y normativo, por lo que sus declaraciones son infundadas, falaces, antiéticas, con el objetivo de dañar la imagen institucional y de las personas al acusar de un delito de "malversación de fondos".
En la carta la Defensoría argumenta que las adquisiciones de la filmadora y la cámara fotográfica se realizaron en el marco de la ley y sus procedimientos como el DS 181 NB-SABS; en relación a las islas de edición se realizó mediante la modalidad de ANPE; sobre las consultorías sostiene que se realizaron al amparo del POA.
Añade que la diputada como servidora pública debe hacer una revisión responsable de las normas y sus actualizaciones, porque de lo contrario incurre en la emisión de criterios en ignorancia abierta del marco legal aplicable.
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