El cuestionado ejecutivo estudiantil de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza Parra, habría incurrido en cuatro tipos penales al haber accedido a un cargo en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) sin cumplir requisitos legales ni tener mérito académico y ganar más de 21 mil bolivianos mensuales. Una estimación indica que en cuatro años en el cargo habría recibido 1.2 millones de bolivianos.
A esa conclusión llegó Alexander Cruz, exdirigente de la Federación Universitaria Local (FUL, 2017-2019) en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, quien junto a los exdirigentes Kevin Peña de Oruro y Jaime Jesús Grájeda de la UMSA -todos ya profesionales - analizaron en el programa La Mañana en Directo de la red Erbol, el rol de Max Mendoza que a sus 52 años sigue matriculado en la Universidad San Simón de Cochabamba con notas de calificación de 0 en varias materias en la carrera de Agronomía.
Cruz sostuvo que los rectores son responsables de haberle otorgado un sueldo de más de 21 mil bolivianos mediante la resolución administrativa N°36/2018, firmada por el rector de la Universidad Tomás Frías de Potosí, (Roberto) Bohórquez, sin tomar en cuenta que para entonces Max Mendoza ya estaba prorrogado más cuatro años, cuando el Reglamento Interno define un mandato de solo dos años.
Dijo que esa resolución fue legalizada por todos los rectores que conforman el directorio de la CEUB, en franca violación al Art. 29 del Estatuto Interno que dice que para ser miembro del directorio uno debe tener grado de doctor, magister, licenciado o ser docente titular por más de 5 años y Max Mendoza ni siquiera es profesional.
Cruz afirma que el Ministerio Público debería investigar a los rectores y a Max Mendoza por los delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, daño económico al Estado y por el delito de usurpación de funciones.
“Y que los rectores no se hagan a los locos, Max Mendoza coordina con ellos y los changuea. El rector de La Paz (Oscar Heredia) de la manera más sucia ha impuesto con una elección fraudulenta una FUL dependiente del rectorado y de Max Mendoza”, manifestó.
Precisó que Mendoza ganaba 21.870 bolivianos por mes y multiplicado por 48 meses, más 4 aguinaldos y una indemnización, habría recibido 1.224.720 bolivianos, monto que podría significar el daño económico al Estado.
Alexander Cruz explicó que el modus operandi de Max Mendoza es operar en todas las universidades con grupos de choque para elegir a dirigentes fraudulentos que son avalados por los rectores para favorecer a Mendoza y que éste siga viviendo de los recursos del sistema universitario en complicidad de los rectores.
Explicó que en la gestión de Mendoza hubo varios muertos: nueve en la UPEA, dos en la San Francisco Xavier, cinco en Potosí, y producto del accionar de esa “organización criminal”, pretende seguir en el poder universitario para fines personales, acotó.
Kevin Peña manifestó que Mendoza operaba como militante del MAS y en esa condición manipulaba la elección en la FUL para evitar la renovación de dirigentes universitarios.
Por su lado, Grájeda ratificó que Oscar Heredia es uno de los rectores que sostiene a Max Mendoza, porque a pesar de varios cuestionamientos a las elecciones de la FUL, Heredia avaló junto a Mendoza el viaje de una delegación a un congreso de Tarija que debía realizarse el 23 de abril de 2022 a un costo de 82 mil bolivianos solamente en viáticos.
“Oscar Heredia quiere engañar a todo el pueblo y digo a todos los compañeros de la UMSA, como lo dijo Alexander, levántense, tumben rectores, qué siempre es”, manifestó al cuestionar al estudiante Álvaro Quelali como dirigente de la FUL quien -según dijo – decide en farras con el secretario general de la UMSA, las acciones en esa Casa Superior de Estudios.
Peña, en su experiencia de la FUL de Oruro, dijo que por decisión de los estudiantes dejaron aportar a la CUB de Max Mendoza para ya no financiar la movilización de ellos y la misma decisión tomaron con la COB por pérdida de la independencia sindical.
Grájeda informó que esta semana debería realizarse un Congreso Nacional de Universidades y planteó suspender este evento hasta encontrar al último culpable de los hechos ocurridos en la ciudad de Potosí.
Los tres panelistas coincidieron en que los partidos se metieron a las universidades para armar estructuras políticas, aunque observaron que lo malo no es ser dirigente, sino el ejercicio del poder político que asumen algunos ensuciando a las universidades.
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