El abogado y Oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Ramiro Orias, consideró un “enorme retroceso” dejar en manos del poder político mediante el Legislativo Plurinacional la atribución de elegir y designar a los fiscales departamentales.

“Esto significaría un enorme retroceso en los esfuerzos de reforma de la justicia en Bolivia”, escribió Orias en el blog de la Fundación.

Dijo que esto además va en contravención a las recomendaciones y estándares internacionales pronunciados por diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos, que de manera específica y consistente “han establecido que los Estados tienen el deber de asegurar las condiciones para que las fiscalías desarrollen investigaciones objetivas, independientes e imparciales, garantizando la autonomía de las funciones del Ministerio Público”.

La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene en su agenda el tratamiento del proyecto de Ley N° 259/2020-2021 de Modificación a la Ley Nº 260, Ley Orgánica del Ministerio Público de 11 de julio de 2012 con el único objeto de modificar su artículo 33 en relación al proceso de designación de fiscales departamentales, estableciendo que estas autoridades intermedias del Ministerio Público pueden ser designadas por mayoría simple de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El proyecto además señala que el Legislativo tendrá atribuciones para evaluar, remover y aceptar la renuncia de dichos servidores públicos, “cercenado las actuales atribuciones del Fiscal General de actuar en esas materias conforme a los procedimientos internos de este órgano constitucional autónomo”. 

Orias señaló que el marco internacional es muy claro en materia de asegurar una fiscalía como órgano autónomo, como una garantía de investigaciones objetivas e independientes, por lo que “no parece razonable devolverles a los poderes políticos una atribución, como la de selección y designación de autoridades fiscales de nivel departamental”.

Indicó que lo que es necesario más bien es mejorar los procesos internos del Ministerio Público, para que cumplan con esa labor de manera transparente, basada en méritos y calificaciones profesionales y abierta al escrutinio de la ciudadanía.

La Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, en su informe A/HRC/20/19 presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en el 2012, señala que “los Estados están obligados a proporcionar las salvaguardias necesarias para que los fiscales puedan desempeñar su importante función de modo objetivo, autónomo, independiente e imparcial”.

“Los Estados deben asegurar que los fiscales puedan desempeñar sus actividades profesionales de modo independiente, objetivo e imparcial”, refiere.

De manera particular, en lo que respecta a subordinar las fiscalías o los otros poderes públicos, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas ha señalado la necesidad de reforzar y garantizar la autonomía del Ministerio Público, “en virtud de que puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos de forma objetiva”.

En el mismo sentido, el Relator Especial de la ONU sobre Independencia de los Jueces y Abogados, Diego Garcia Sayán, en su informe de observaciones preliminares de febrero de 2022, luego de su visita oficial a Bolivia, al abordar la falta de independencia judicial en el país, abogó por el fortalecimiento de la carrera fiscal en el país.

De forma particular, el Grupo Internacional de Expertos Independiente (GIEI Bolivia) en su informe final sobre los hechos de violencia de 2019, subrayó que entre otras medidas, “la independencia e imparcialidad de los y las fiscales debe salvaguardarse mediante un proceso adecuado de nombramiento y promoción, basado en criterios objetivos y mediante condiciones de trabajo que garanticen la seguridad en el cargo”, recomendando al Estado boliviano “garantizar la independencia funcional y externa, y la estabilidad profesional de los fiscales”.

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