La Defensoría del Pueblo evidenció la existencia de “serias violaciones” al debido proceso sobre la situación que atraviesa el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, quien falleció la mañana de este martes tras estar internado en La Paz.
El pronunciamiento fue emitido mediante un comunicado donde se cuestionó que los servicios médicos de la Dirección de Régimen Penitenciario no hayan advertido, “oportunamente”, el delicado estado de salud del privado de libertad
“La Defensoría del Pueblo llevó adelante acciones para la investigación de las presuntas vulneraciones a sus derechos humanos, y ha podido evidenciar serias violaciones al debido proceso por la falta de debida diligencia, garantías judiciales y protección judicial en la investigación desarrollada por parte del Ministerio Público y el Órgano Judicial referida a delitos en contra del patrimonio del Estado”, añade.
En el documento expresó su preocupación por la “falta de información precisa reportada, lo que genera una situación de incertidumbre y falta de seguridad jurídica”.
De hecho, hizo mención a que la “gran cantidad de procesos penales” que enfrentaba en diferentes distritos judiciales de nuestro país han hecho que su defensa técnica se convierta en una labor “virtualmente imposible de desarrollar”.
Esto debido a que a que “las autoridades estatales se han dedicado a proseguir contra él decenas de procesos que a la fecha aún se desconocen con exactitud y claramente le impiden ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva”.
Aramayo fue internado en el Hospital de Clínicas el pasado 14 de abril y al día siguiente su salud se deterioró más e ingresó en estado de coma. El fin de semana fue trasladado al hospital de Cotahuma, y estaba en terapia intensiva, intubado y no mejoraba. Este martes se comunicó su deceso.
La Defensoría del Pueblo observó que, a más de cuatro días de su traslado de un nosocomio a otro, hasta la fecha, no se tenía un diagnóstico completo y definitivo de su estado de salud.
En este contexto, la institución defensorial expresa su preocupación por la falta de información precisa reportada, lo que genera una situación de incertidumbre y falta de seguridad jurídica.
Desde 2014, Aramayo se encuentra con detención preventiva y según la Defensoría, en la actualidad, solo se tiene conocimiento que se encuentra cumpliendo una sentencia condenatoria de 8 años, y no se tiene reporte de la aplicación de beneficios carcelarios u otros de similar naturaleza.
“La Defensoría del Pueblo observa y cuestiona que, a la fecha, la mayoría de los procesos penales en su contra se encuentran en etapa preparatoria, siendo la pena máxima de los delitos que se le atribuyen de 10 años, lo cual representa una evidente vulneración a la debida diligencia por parte de las autoridades estatales que se encuentra incumpliendo su deber de investigar de manera eficiente y efectiva, vulnerando las garantías judiciales y protección judicial al procesado”, añade el documento.
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