El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi refutó este sábado la acusación de pobladores de la urbanización Pumas Andinos del departamento de Oruro, de un supuesto tráfico de tierras y estafa a más de 3 mil familias. El legislador apuntó a un grupo de “avasalladores” de querer desprestigiarlo.

Urquidi en contacto con la ANF explicó que este grupo de pobladores que lo acusa de tráfico de tierras pertenecía al movimiento denominado Sin Techo que en marzo de 2006 avasalló la propiedad de su familia bajo argumento que eran terrenos baldíos. Desde esa fecha mantienen un conflicto, ya que los pobladores se niegan a pagar por los lotes.

“Estoy hablando de un conflicto de 16 años que se originó el 7 de marzo de 2006, donde un movimiento que se denominó Movimiento sin Techo organizó un masivo avasallamiento a la propiedad privada de mi familia, ese año se metieron bajo el argumento que los terrenos eran baldíos”, dijo.

Las declaraciones del diputado surgen después de que pobladores de la Urbanización Pumas Andinos del departamento de Oruro lo acusaron de traficar con tierras y de estafar a más de 3.000 familias por al menos $us 3 millones, presuntamente en complicidad con Derechos Reales y la “Sucesión Urquidi”.

El legislador contó que la propiedad  ubicada en la zona Este de Oruro fue adquirida por su abuelo en 1945, en ese entonces tenía una extensión de 3 mil hectáreas, pero por la Reforma Agraria fue afectada en un 70% y esa superficie se redujo a 1.096 hectáreas.

“Después de un proceso de afectación de más de 10 años, el consejo de reforma agraria le consolidó a mi abuelo 1.096 hectáreas de las 3 mil que eran, tenemos el título ejecutorial original extendido por el expresidente Víctor Paz Estenssoro, también (la propiedad) está inscrito en Derechos Reales. Eso ha sido el año 60, cuando el Estado le ha consolidado a mi abuelo las 1.096 hectáreas”, agregó.

Urquidi relató que tras el fallecimiento de su abuelo y su progenitor fueron los nietos que asumieron la responsabilidad del patrimonio.

Sin embargo, tras el avasallamiento del movimiento a sus tierras, la familia de Urquidi interpuso un amparo constitucional ante la Sala Civil Primera, de la Corte de Distrito Seguro donde esa instancia reconoció el derecho propietario de los terrenos de la familia Urquidi.

Afirmó que ese amparo ordenada el desalojo inmediato de los avasalladores, pero nunca se cumplió, según el diputado.

“Hemos ganado el amparo que reconocía nuestro derecho propietario y ordenaba el desalojo inmediato de la propiedad, pero nunca se cumplió ni nunca desalojaron a las personas (…). El Tribunal Constitucional también ratificó el amparo”, remarcó.

De acuerdo a Urquidi pese a que las autoridades competentes reconocían el derecho a su propiedad y ordenaban el desalojo de los avasalladores no se cumplió debido a que existía un pacto comunitario entre el entonces prefecto Alberto Aguilar y el Movimiento Sin Techo.

“Se descubrió que había un convenio entre el prefecto Alberto Aguilar y los avasalladores, ahí el prefecto les garantizaba que no se iban a mover del lugar”, argumentó.

Tras ese conflicto se generó una mesa de diálogo entre la Defensoría del Pueblo, el Gobierno,  Cáritas, la Alcaldía de Oruro y otras organizaciones que mediaron para dar solución al problema de tierras.

“En esa mesa, las autoridades reconocieron nuestro derecho propietario y en todo ese proceso que duro más de un año se resuelve que vender los terrenos a favor de la gente (del movimiento) a $us1,4 el metro cuadrado, es decir un terrenos de 200 metros a $us 350 a ese acuerdo se llegó”, dijo.

Expresó que tras ese acuerdo, la alcaldía realizó el levantamiento topográfico y la aprobación de planos para luego entregar los folios y testimonios de derechos propietarios a las personas que ocupaban las tierras de Urquidi. Según su versión, al menos con el 90% de las personas que ocupaban sus tierras se cumplió el acuerdo y quedó un “pequeño grupo” del sector ahora denominado Pumas Andinos que aparentemente no quiere pagar por los predios.

“Han pasado 16 años, hemos entregado testimonios de derecho propietario al 90%  de los que en su momento se llaman los Sin Techo, ahora son 21 juntas vecinales, solo ha quedado un pequeño grupo que hasta el día de hoy no ha pagado ni quiere pagar y menos reconoce nuestro derecho propietario. Han visto cualquiera manera de obtener los papeles, incluso están intentado hacer usucapión bajo el argumento que están más de años en esas tierras”, indicó.

El diputado afirma que este grupo de pobladores que lo acusa de tráfico de tierras busca desprestigiarlo y que no recibió dinero de esta gente.

“El 2018 se ha vuelto hacer un convenio con este grupo de los Pumas Andinos, pero este sector no quiere pagar ni reconocer el derecho propietario y ahora me denuncian por tráfico de tierras, de loteador cuando las autoridades de Oruro conocen toda la historia de este conflicto y el atropello de este movimiento. Están buscando dañar la imagen de mi familia, sobre todo me apuntan a mí porque tengo un cargo público y quieren, seguramente, generar presión y dañarme”, indicó.

El jueves, Miguel León Quispe, miembro de la urbanización que acusa al diputado, indicó que cancelaron de forma individual más de $us 2.600 sumando un total de más $us 3 millones.

Sin embargo, observaron que el diputado negocia con tierras fiscales sin tener siquiera un plano aprobado a su nombre ni contar con el pago de impuestos, ya que habría transferido esos terrenos a terceras personas.

“La Sucesión Urquidi, en complicidad con el diputado (Enrique) Urquidi, está involucrada en transferir a terceras personas lotes (…) a $us 5.000 y 7.000. Actualmente, (nosotros) hemos pagado (cada familia) $us 2.600 dólares en un convenio. (Está) traficando tierras, haciendo ganancias ilícitas”, denunció.

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