Por publicar memes, el periodista Luis M. fue enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz por el Juzgado 5to de Lucha contra la Corrupción y Violencia contra la Mujer, a denuncia de la directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, quien lo acusa de una presunta violencia política. Para el Observatorio de Defensoras y Defensores de UNITAS, esta acción, además de atentar contra la libertad de expresión, es una vulneración a la institucionalidad democrática.
Luis M.. fue contratado por la AJAM para, según su abogado Marcelo Valdez, limpiar la imagen de Lafuente en redes sociales. Para ello, supuestamente, la directora le pidió realizar un meme, producto que a la postre, según comentó el jurista, fue el motivo para que se lo procese, debido a que no le habría puesto el rótulo de falso.
Para el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Pedro Glasinovic, hubo un exceso de la justicia por dictaminar el envío de Luis M. a la cárcel por un meme. “La justicia no debería enviar a este periodista a un penal de reclusión, lo que están haciendo es violar el ordenamiento jurídico que rige el trabajo de los periodistas en Bolivia”, indicó en una entrevista con el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS.
La ANPB, la semana pasada, emitió un comunicado en el que denuncia como “atentado a la libertad de expresión y al ordenamiento jurídico legal” el envío de Muñoz al penal de San Pedro y demandó al juez que tomó esa determinación enmendar su error.
Según familiares del periodista, la directora de la AJAM abusa de su poder, pues amenazó a Luis M. con “mover todas sus influencias” para llevarlo a una celda de la cárcel de San Pedro. “Ella (Brenda Lafuente) directamente le quitó el celular, lo tuvo por dos horas en la oficina y ella se dio el lujo de eliminar lo que le iba a perjudicar y después llamó a los policías y lo trajeron a la FELCC de la Sucre”, relató una de las familiares del periodista a la red Bolivisión.
La Defensoría del Pueblo mostró su preocupación por este caso y exigió que se respete la presunción de inocencia durante el desarrollo del proceso contra Luis M.. En tanto, para el ministro de Justicia, Iván Lima, fue “excesiva” la detención preventiva dictaminada por la justicia en este caso.
En el primer trimestre de este 2022, se han registrado 48 vulneraciones a la libertad de prensa según el monitoreo que realiza el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos de UNITAS.
Para el Observatorio de UNITAS, la denuncia de la directora de la AJAM contra su empleado atenta contra la libertad de expresión. De acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Kimel Vs. Argentina, la sátira y la parodia son parte de la libertad de expresión y deben ser protegidos por el Estado. El accionar de dicha autoridad atenta, también, contra la institucionalidad democrática, al amenazar al funcionario, que también es periodista, actuando contra el ejercicio de sus derechos en su calidad de autoridad estatal. La detención preventiva, que alcanzó los 4 meses, también es una determinación desproporcionada que atenta contra sus derechos.
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