El equipo jurídico de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), anunció este lunes que el Gobierno nacional tiene la intención de restablecer los bofedales del Silala y para ese fin pretende desmantelar los canales que construyó una empresa anglochilena en 1928 y por el que Chile se beneficia con mayor caudal.

“En este caso, he sido autorizado a manifestar que Bolivia tiene la firme intención a la revitalización de los bofedales. Y, aunque no se ha tomado una decisión definitiva, el Gobierno cree que la mejor manera de hacerlo será procediendo al desmantelamiento de las instalaciones, aunque se puedan considerar otras posibilidades que probablemente sean más costosas”, afirmó Alain Pellet, parte del equipo boliviano que expuso los alegatos orales.

El experto internacional se refirió a la idea que los abogados de Chile dijeron el viernes que su Gobierno no objeta que Bolivia desmantele el sistema de canales y drenajes que instaló una empresa anglochilena y de hacerlo, no significaría una violación al derecho internacional

Sin embargo, Pellet puso en relevancia que el argumento chileno fue confuso ya que luego de esa afirmación, la delegación chilena agregó que Bolivia debe cumplir con las obligaciones adquiridas sobre el “río Silala”.

“La cuestión es cómo debe aplicarse esta obligación en estas circunstancias, las partes pueden quizás tener diferentes concepciones de las circunstancias relevantes en este caso”, sostuvo el abogado del bloque de Bolivia.

“Sobre la base de sus alegaciones, la posición de Chile podría resumirse como planteamiento de ecuación: uso equitativo razonable es igual a estatus quo”, agregó Pellet y puso en evidencia que Chile se beneficia del total del afluente con el caudal aumentado.

El representante de Bolivia mencionó un informe de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) y la Convención Sobre la Protección y Utilización de Cursos de Agua Transfronterizos y Lagos Internacionales de 1997, que darían consistencia a la solicitud de un acuerdo para que Chile pueda compensar si pretende mantener el uso del afluente.

Pellet afirmó que Bolivia “siempre cumplió con las obligaciones de no perjudicar a Chile con el suministro de agua”. “Chile caricaturiza la posición de Bolivia con respecto a obligación general de cooperar para la preservación del medio ambiente, adopta pociones erróneas con respecto al estado aguas arriba en términos de intensidad, de obligación de preservar los derechos aguas abajo o el alcance de realizar una evaluación de impacto ambiental”.

Pellet reveló que Chile pide a la CIJ que “declare que Bolivia tiene una obligación de tomar las medidas apropiadas para evitar y controlar la contaminación”. Dijo que si Bolivia considera la palabra de la agente chilena, Ximena Fuentes, sobre la idea que su país no objeta el desmantelamiento de canales, es porque reconoce que las tuberías existentes están dañando el entorno natural y están perjudicando bofedales”.

Más temprano, el primer abogado del equipo boliviano, Gabriel Eckstein, detalló que los canales construidos en Bolivia incrementan entre 11 y 33% el caudal de agua que va hacia Chile y que estas obras hidráulicas provocaron que el suelo se seque, salinice y degrade la fauna.

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