El senador de Creemos, Henry Montero, denunció que todos los involucrados en la quiebra de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE), con un posible daño económico de 60 millones de bolivianos al Estado, se encuentran libres, después de más de siete años de la pérdida de la firma estatal.
“Es alarmante, al igual que en varios casos de corrupción durante el gobierno de Evo Morales, después de más de siete años, en el caso de la quiebra de la ECE no hay ningún investigado recluido sino que todos gozan de libertad y el proceso en contra ellos avanza a paso de tortuga y hacia la impunidad, según los datos proporcionados por el Ministerio Público”, explicó Montero.
La Fiscalía General del Estado, en el Informe FGE/FEDC-T-A-LGI N° 030/2022, respuesta a la Petición de Informe al Senador Montero, señala que “al presente, dentro del caso acumulado LPZ1415075 no se tiene aplicada la medida cautelar de la detención preventiva en contra de ninguno de los investigados”.
El legislador cruceño reprochó que la Fiscalía General del Estado no asuma acciones para “defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y del Estado, oportunamente” como manda la Constitución y las leyes, ante el daño económico millonario a los bolivianos.
La Fiscalía alega que el caso de la quiebra, que viene de diciembre de 2015, se encuentra en “etapa preparatoria” y existe “requerimiento conclusivo de acusación” después de siete años y cuatro meses, pero sin ningún respaldo cuando en la petición de informe pedí adjuntar documentación, subrayó.
Dijo que el caso de la quiebra de la ECE deambuló por los escritorios de 11 fiscales, durante los siete años, y conocieron: Javier Flores Huanca, Fernando Villaroel Barrios, Rudy Nelson Terrazas Torrico, Randal Mardoñez Calanis, Gregorio Blanco Torres, Oscar Campero Aranibar, Juan Carlos Soria Carpio, Moisés Alexis Vilela Dorado, Alejandro Gamboa Mendoza, Boris René Flores Cangri y hoy radica en el despacho de Gustavo Reynaldo Balderrama Tola.
“El Fiscal General no informa si fueron resarcidos en parte o el total el daño de al menos 60 millones de bolivianos al Estado por la quiebra de la ECE; por tanto, estoy pidiendo al Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y la Procuraduría General del Estado asumir acciones para recuperar los recursos de los bolivianos”, puntualizó Montero.
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