La exministra de Comunicación Roxana Lizárraga acusó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de ponerse a disposición del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, entre fines de 2019 y el 2020, además de haber presuntamente ofrecido las fiscalías de La Paz y Santa Cruz a los entonces ministros de Gobierno y la Presidencia.
“Debo señalar al S. William Alabe que se equivoca al perseguirme. Lanchipa ofreció las fiscalías de distrito de La Paz y Santa Cruz al Sr. Nuñez y al Sr. Arturo Murillo. Se mantuvo al actual fiscal general ya que se puso a disposición del gobierno transitorio e inició un trabajo cercano con Arturo Murillo y Yerko Nuñez”, sostuvo la exautoridad en un comunicado público.
Según Lizárraga, “Lanchipa pidió tiempo para entregar la Fiscalía de La Paz a gente de confianza de Núñez y Cochabamba y Santa Cruz a Arturo Murillo”. Relató que el exministro Núñez le comentó que el fiscal general del Estado estaba haciendo un “buen trabajo” y que no había necesidad de cambiarlo y que “había sugerido sacarlo a William Alave”.
En febrero de 2020, Lanchipa reemplazó a Alave por Marco Antonio Cossío, después que el exministro Murillo le atribuyó junto al fiscal Samuel Lima de ser los responsables de emitir una orden de aprehensión contra el exministro de Evo Morales, César Navarro, pese a que ya contaba con salvoconducto.
“Cabe señalar que un ministro de la gestión de Añez negoció con la Fiscalía General del Estado y propició la salida del Fiscal William Alave quien me imagino dirige una vendetta contra mi persona. Por ello no es casualidad que sea el mismo fiscal Eddy Flores (de plena confianza de William Alave) quien ahora dirige una persecución contra mi exesposo y padre de mis hijas junto con el abogado Oswaldo Zegarra ( abogado de Juan Ramón Quintana)", afirma la exministra.
La ANF ha solicitado las contrapartes a la Fiscalía General y a la Fiscalía Departamental de La Paz vía sus unidades de comunicación, pero no respondieron.
Lizárraga hizo estas afirmaciones luego que fue imputada y declarada en rebeldía dentro del proceso de investigación por los presuntos delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia porte o portación y uso de armas de convencionales e incumplimiento de deberes.
Duda que las violaciones a sus derechos se originen en una persecución del Gobierno, toda vez que renunció a la administración gubernamental de Jeanine Áñez porque no se hacía gestión pública a favor de la población.
Lizárraga dijo que este mes envió un memorial en el que señala al juzgado dónde puede ser ubicada y notificada, sin embargo, sostuvo que no fue notificada de la audiencia en la que precisamente se la declaró en rebeldía.
Reconfirmó que se encuentra en el exterior, hecho que puso en conocimiento del Ministerio Publico mediante escritos en junio y octubre del 2021, por lo que cualquier notificación por edicto de alcance nacional es nula al igual que su apócrifa rebeldía”.
El 23 de marzo, en el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de La Paz se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde se dictó la rebeldía de la exautoridad. El fiscal Alave informó que se cumplió con la notificación legal mediante edictos y que la imputada en este caso Lizárraga no justificó su inasistencia.
“A la cabeza de William Alabe se están vulnerando derechos humanos en Bolivia. Asimismo, se le dio aviso al Juez 10 anticorrupción de la Paz el lugar donde pueda ser notificada y no lo hicieron para que deliberadamente no esté en la audiencia donde supuestamente se declaró mi rebeldía.
La exministra dijo que todos estos hechos lo que hacen es fortalecer su solicitud de asilo y que solo se presentará ante las autoridades competentes cuando tengas las garantías suficientes para asumir su defensa.
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