La fiscalía Anticorrupción y la Policía realizaron el allanamiento de las oficinas de la Gobernación de Santa Cruz, en el marco de las investigaciones del decreto departamental 373 por el cual el vicegobernador Mario Aguilera quedó relegado de sus competencias.

En gobernador Luis Fernando Camacho fue denunciado por el asambleísta departamental del Movimiento al Socialismo, Clemente Ramos, por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.

La fiscalía investiga la emisión del decreto departamental 373 y su posterior retiro o anulación de la Gaceta Oficial del Departamento. La norma provenía del Ejecutivo departamental.

La pasada semana se denunció que la gobernación aprobó una norma mediante la cual se relegaba de sus competencias al vicegobernador y se le otorgaba atribuciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro.

La disposición también posibilitaba que, en ausencia del gobernador, asumía sus funciones el secretario y no así el vicegobernador como manda la norma. La Gobernación informó que el decreto no está vigente.

Sin embargo, la acción fiscalía activó un operativo en solo 24 horas de haberse planteado la denuncia, con el objetivo de obtener la documentación e información acerca del decreto departamental.

Por su parte Aguilera dijo que desconoce lo que pasó con el decreto, pero señaló que estaba seguro que circuló, aunque después desapareció de la gaceta.

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