El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas afirmó este lunes que demandará al Estado boliviano si no se anula la sentencia constitucional que posibilita la repostulación indefinida de autoridades electas y por la que se favoreció Evo Morales para candidatear en 2019 a un cuarto mandato.
“Si no logramos que esta sentencia se deje sin efecto, vamos a demandar al Estado boliviano ante los organismos internacionales, más aún cuando existe la opinión consultiva que dice de manera taxativa que no es un derecho humano la reelección”, afirmó el legislador de oposición.
Pedrazas informó que apelará la decisión de una sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca que rechazó una Acción Popular que planteó para anular la sentencia constitucional 084/2017, que declaró como derecho humano la repostulación a cargos electos.
“Los vocales Juan Carlos Mendoza y René Conde consideran que la reelección es un derecho humano. Hemos sido notificados con el rechazo a la Acción Popular que tenía como único objetivo reparar el daño que Evo Morales ha hecho a todos los bolivianos. Estos vocales, de similar criterio al Movimiento al Socialismo, resuelven no reconocer el recurso; sin embargo, nosotros vamos a presentar una impugnación”, sostuvo el opositor y adelantó que acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional.
Evo Morales y Álvaro García Linera se beneficiaron con la sentencia constitucional que avaló la repostulación de ambos, en búsqueda de un cuarto mandato en 2019; pero por el presunto fraude electoral y conflictos sociales tuvieron que renunciar al cargo que declararon haber ganado.
En agosto de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que “la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”. La opinión consultiva ante este mecanismo internacional fue planteada por el expresidente de Colombia, Iván Duque.
La sentencia de 2017, que permitió la repostulación de autoridades electas, se basó, según argumentos del Movimiento al Socialismo, en el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José) para dejar en suspenso artículos de la Constitución Política del Estado. La acción jurídica del partido gobernantes se dio luego que la propuesta por el NO del referéndum del 21 de febrero de 2016 rechazó la intención de modificar la ley fundamental para habilitar a Evo Morales.
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