El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, informó este jueves del hallazgo de 135 nuevos casos de personas sentenciadas que habrían sido favorecidas por jueces y fiscales presuntamente de manera irregular, así como el caso del feminicida serial, Richard Choque.
“Creo hoy que vamos a tener un número oficial. Estos 135 nuevos casos que nos han llegado son de los datos que maneja Régimen Penitenciario que lo ha trabajado a través del Ministerio de Gobierno y eso se ha pasado ya al Consejo de la Magistratura”, informó Molina en contacto con los medios.
La Magistratura se encuentra en pleno proceso de intervención a los juzgados de Ejecución Penal en todo el país, en algunos departamentos están en la parte final de ese trabajo. Inicialmente anunció el hallazgo de 18 casos de liberación a sentenciados por delitos de asesinato, feminicidio, violación, y trata y tráfico de personas.
Los resultados de las intervenciones hasta el momento son tres operadores de justicia destituidos por decisión del Consejo de la Magistratura y solo en el departamento de La Paz hay aproximadamente 11 personas procesadas por esos delitos y dos exautoridades guardan detención preventiva. Asimismo, en Chuquisaca una jueza fue aprehendida, informó Molina.
Durante las intervenciones en La Paz no hubieran detectado nada si es que el personal de la Magistratura no hubiera tenido perspicacia, debido a que los jueces emitían autos simples para beneficiar a delincuentes que son documentos que no son registrables y no así resoluciones que necesariamente deben ser registrados.
“En el caso de Santa Cruz (aparentemente) no había ningún caso, pero de la revisión que hemos hecho, expediente por expediente, hemos determinado aproximadamente nueve casos en los que este tipo de irregularidades se hubieran suscitado”, explicó.
Dijo que en Potosí se encuentran en la parte final así como en Chuquisaca y otros departamentos; sin embargo, esta jornada se realizará una evaluación en la Sala Plena del Consejo de la Magistratura y mañana sostendrán una reunión con la comisión de alto nivel que hace seguimiento a los casos de feminicidio y violación.
En una evaluación previa, llegó a la conclusión de que el problema de las liberaciones no solo se dio en los juzgados de Ejecución Penal, sino también en los juzgados Cautelares y en los Tribunales de Sentencia.
“En algunas salas penales, incluso con acciones constitucionales. Entonces, el conflicto es un poquito más grande de lo que se había dimensionado”, lamentó Molina.
La intervención a los juzgados de Ejecución Penal se dio después del caso del asesino serial Richard Choque, quien presuntamente victimó a 77 personas a quienes habría contactado por la red Facebook.
La escalofriante historia de Choque conmovió a toda la población boliviana después que la Policía halló los cuerpos de dos adolescentes en su domicilio en la zona Ballivián de El Alto y posteriormente, en otra vivienda, desenterraron el cuerpo de uno de sus familiares muerto hace 11 años.
Fue liberado de la cárcel por el exjuez Rafael Alcón Aliaga, pese a que el reo tenía sentencia condenatoria ejecutoriada de 30 años de privación de libertad.
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