El juez Armando Zeballos determinó este lunes ampliar por tres meses el plazo de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez y los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, en el caso denominado “golpe de Estado I”.

Es la tercera vez que la justicia amplía el plazo de la detención en este proceso de investigación, que se desarrolla por los delitos de conspiración, sedición y terrorismo.

En marzo de 2021, se dictó cuatro meses de detención preventiva, mientras que se realiza la investigación, y luego se amplió a seis meses. Antes de terminarse ese plazo, el juez otorgó otros cinco meses a la Fiscalía para los actos investigativos.

Los 11 meses de detención preventiva fenecieron el 13 de febrero, sin embargo, la Fiscalía y las partes acusadoras pidieron en audiencia al juez que amplíe ese plazo por otros cuatro meses, para desarrollar los actos investigativos pendientes.

Con esta decisión, Añez seguirá en la cárcel de Miraflores, mientras que los exministros continuarán en el penal de San Pedro, donde se encuentran desde marzo de 2021. 

Durante la audiencia, Añez pidió que no se amplíe el plazo de la detención y señaló que ella no puede “pagar” por la “negligencia” de la Fiscalía de no haber concluido la investigación durante este tiempo.

Aseguró que no ha cometido un delito, sino que el MAS pretende un “trofeo”. La exmandataria señaló que está en su décimo tercer día de huelga de hambre y que seguirá así le cueste su vida.        

El juez consideró, existiendo aún actos investigativos por realizar, se amplíe la detención preventiva por tres meses.   

Este caso denominado “golpe I” se desarrolla a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, quien denunció a Luis Fernando Camacho y exjefes militares y policiales de haber derrocado a Evo Morales en 2019. Posteriormente, Añez y los exministros fueron incluidos en el proceso y encarcelados, mientras que el Gobernador de Santa Cruz, siendo denunciado, aún no ha declarado.

Además de este caso, Añez ya tiene acusación formal por el caso “golpe II”, por los delitos de resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes.

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