Este jueves 10 de febrero se inicia el juicio oral por la vía ordinaria contra la expresidenta Jeanine Áñez, siete excomandantes miembros del alto mando militar de las Fuerzas Armadas y un excomandante de la Policía, quienes son acusados por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.

La exmandataria Jeanine Áñez enfrentará el primer juicio denominado “golpe II” de siete procesos que el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) le inició en diferentes instancias, algunos por la vía ordinaria y otros a través de juicios de responsabilidades.

También están acusados el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Carlos Kaliman; el exinspector general de las FFAA, Jorge Elmer Fernández Toranzo; el excomandante de las FFAA, Sergio Orellana (no se encuentra en el país); el excomandante de la Armada Boliviana y el exjefe del Estado Mayor, Flavio Arce; el excomandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros; el comandante general de la Armada Boliviana, Palmiro Gonzalo Jarjuri; excomandante general del Ejército, Jorge Pastor Mendieta.

Además, ha sido acusado el excomandante general de la Policía Vladimir Yuri Calderón Mariscal, en el caso de la institución verde olivo el alto mando policial no es parte del proceso.

La fiscalía en su acusación sostiene que no se cumplieron los procedimientos para la sucesión constitucional el 2019, vulnerando de esa manera el Reglamento de debates y la propia Constitución Política del Estado.

Sostiene que Áñez se autoproclamó presidenta, al tomar primero la presidencia del Senado en una sesión sin quórum y después presidió una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, también sin quórum.

Esos días el país estaba convulsionado, el entonces presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera habían renunciado; también dimitieron el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda; la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra y el primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli.

Áñez en ese momento ocupaba la segunda vicepresidencia del Senado, su defensa se ampara en el Reglamento y en un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional que avaló la sucesión constitucional.

La exmandataria señaló 16 irregularidades 

La exmandatraria señala 16 ilegalidades desde que fue aprehendida en marzo de 2021 y luego detenida, sus observaciones las compartió en su red social.

Sostiene que su aprehensión fue sin previa notificación y sin derecho a defenderse en libertad por los presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo; que su detención fue inhumana y a ultranza pese a su estado de salud.

Identifica que el desdoblamiento de un proceso a otro va en contra de los principios y garantías constitucionales; juzgamiento por la vía ordinaria porque el MAS no cuenta con los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

También advierte que el juicio no será público de cara al pueblo; observa la instauración de varios procesos que van en contra del principio de unidad, del debido proceso e indivisibilidad de juzgamiento.

Denuncia que el juez que dictó la apertura de juicio para este 10 de febrero fue designado de manera irregular, tal como lo observó su similar en el tribunal; el incumplimiento de la ley sobre el tiempo en el que se debe realizar el juicio oral.

Sostiene que no existe una investigación objetiva por parte de la fiscalía la que omite todos los elementos que aporta la defensa; un juzgamiento definido por el ministro de Gobierno al anunciar antes que el tribunal de justicia la fecha del juicio, al igual que una sentencia anticipada por el ministro de Justicia.

Áñez también sostiene que existe una injerencia diaria en los actos jurisdiccionales del Ministerio de Gobierno, de Justicia y Procuraduría del Estado; parcialidad “inquisitiva” de la fiscalía que habría impedido la generación de pruebas de descargo.

Señala que hay una violación a los principios jurídicos de legalidad, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, al llevar a cabo su juzgamiento de forma virtual; finalmente, sostiene que la fiscalía no ha presentado ni una sola prueba en su contra ni realiza una verdadera investigación.

Abogados de militares cuestionan que la fiscalía no individualizó la participación de los acusados

La defensa de los excomandantes Jarjuri y Terceros también señalaron la vulneración de las normas en la fase de investigación y la fase preparatoria del juicio. Su abogado Eusebio Vera se refirió específicamente al incumplimiento del artículo 343 del Código de Procedimiento Penal.

Detalló que, de acuerdo a la norma, el juicio se debe celebrar dentro de los 20 a 45 días del auto de apertura del juicio, en este caso se dictó el 18 de enero de este año señalando juicio el 10 de febrero, pero “si computamos transcurrieron 17 días hábiles (…). Con esto se incumple una norma que todos estamos obligados a cumplir más aún los jueces”, dijo.

Sostuvo que su incumplimiento por parte de los jueces es un “arbitrio” y sería una “vergüenza internacional” tratándose de un caso delicado en el que es procesada una exmandataria.

Vera señaló que el análisis sobre si fue un “golpe” o un gobierno “de facto”, debe realizar en el ámbito político, pero no judicial. Sin embargo, se intenta en este proceso cambiar la historia, citó que la ciudad de La Paz ha sido testigo de los hechos vandálicos de los movimientos sociales afines al MAS durante la crisis política de 2019.

En consecuencia, y en ese escenario, “los militares han cumplido fiel y cabalmente las instrucciones del entonces presidente Evo Morales (…) quien les instruyó que permanezcan en sus cuarteles, resguarden las mismas y tengan cuidado con las armas. Y nunca salieron”.

El abogado de Mendieta, Juan Javier Peñaloza acotó que se pretende sentenciar a los acusados para sostener que hubo “golpe de Estado” y presuntamente tapar todas las irregularidades electorales que existieron.

Vera sostiene que no existen evidencias ni pruebas para demostrar los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y de resoluciones contrarias a la Constitución, porque, además, los militares no tuvieron ninguna relación con la Asamblea Legislativa cuando Áñez asumió la presidencia.

“Los fiscales equivocaron su acusación formal e hicieron una errónea interpretación de la ley, y ellos, al contrario, están enmarcando sus conductas a resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y prevaricato”.

Los militares no pueden ser responsables por los hechos de terceras personas, en este caso precisó que hay un culpable de recoger la medalla del Banco Central de Bolivia, que es Milton Navia; mientras que los “que acomodaron la medalla fueron otros dos militares Rioja y Gallardo”, precisó.

Un tema que los abogados consideran realmente inconcebible es que el Ministerio Público no ha individualizado la participación de cada uno de los acusados, es decir, que tanto Áñez como el resto de los militares y el policía serán juzgados por los mismos delitos.

Los fiscales parten de una tesis general, “hacen una acusación genérica. No individualizan la participación de cada acusado, lo que vulnera el derecho a la defensa”, manifestó Peñaloza.

Vera añade que esta es otra de las irregularidades en el proceso “No se ha individualizado ni en la imputación ni en la acusación. A todos se los ha metido en la misma bolsa”, protestó.

Lamentó que la fiscalía no haya tenido la capacidad de identificar el grado de participación de cada uno de los acusados, como si todos hubieran cometido los mismos delitos, hubieran estado en el mismo lugar, la misma fecha.

“Correspondía identificar los delitos probables en los que hubieran incurrido”, y a partir de ello se podía generar las pruebas de descargo o las pruebas que sustenten la acusación de la fiscalía.

Peñaloza dijo que los acusados en el proceso “golpe II” “Van a enfrentar a un monstruo estatal, cuyo objetivo es una sentencia para confirmar su narrativa del golpe de Estado”.

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