Hasta el viernes 4 de febrero los jueces de ejecución penal deberán remitir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la información, en formato digital y en orden cronológico, sobre la situación jurídica de los reclusos con sentencia ejecutoriada desde el 2019 con el fin de iniciar una revisión de los casos.

El instructivo N°7/2022 también establece que, en un plazo de 48 horas, los jueces deberán remitir en formato PDF los antecedentes de caso a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del TSJ.

“Todos los Jueces de Ejecución de Penas, a partir de la fecha, deberán remitir a la UTLCC del Tribunal Supremo de Justicia copias legalizadas, en formato PDF, de la decisión judicial que modifique la situación jurídica de las personas que estén cumpliendo sentencia condenatoria, situación que deberá hacerse efectivo en el plazo indefectible de 48 horas de emitida la decisión, bajo responsabilidad funcionaria”, dice el comunicado.

Esta decisión surge después de que el juez Rafael Alcón emitiese una resolución otorgando detención domiciliaria del sentenciado Richard Choque Flores, sin tomar en cuenta que existía una condena de 30 años sin derecho a indulto. Además, se estableció que no cumplía con los requisitos para beneficiarse con el perdón judicial.

Asimismo, la instancia judicial ordenó que todos los secretarios de tribunales y juzgados de materia penal deberán enviar un informe escrito al juez de la causa, respecto al incumplimiento de reglas y condiciones impuestas en los casos.

El instructivo incluye a los presidente y vocales de las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia quienes deben generar espacios de intercambio de experiencias con jueces en materia penal y tribunales de sentencia, con el fin de uniformar los beneficios previstos en la norma.

Se prevé que el primer encuentro se realizará el 28 de febrero y presentar las conclusiones hasta el 4 de marzo, que serán sistematizadas por la Unidad de Transparencia del TSJ y los tribunales departamentales.

El presidente del TSJ, Ricardo Torres Echalar, planteó la creación de una comisión de seguimiento a los casos de violación y feminicidios ya sea que tenga una sentencia ejecutoriada o detención preventiva, y que debe estar conformada por al menos cinco instancias.

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