Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de Derechos Humanos demandaron al gobierno la declaración de “Emergencia Nacional” luego de conocerse los crímenes contra mujeres que habría cometido el presunto violador serial, según información difundida la víspera por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Las organizaciones lamentan que Bolivia sea uno de los países con los más altos índices de violencia hacia las mujeres y corrupción en el sistema judicial, lo que genera barreras para el acceso a la justicia y desencadena la impunidad en los casos de feminicidio.
“Que se declare Emergencia Nacional a raíz de los últimos sucesos; exigimos acciones concretas para erradicar los actos de violencia; repudiamos la falta de atención (del Gobierno) al no preocuparse por esta problemática que tanto daño hace a nuestra sociedad”, son algunas demandas de las organizaciones de Oruro.
Los firmantes señalan encontrarse consternados, alarmados e indignados respecto al reciente caso de violación y feminicidio múltiple cometidos por un sentenciado por asesinado que de forma incomprensible se encontraba libre.
Se trata de Richard Ch. F. que fue capturado y presentado por la policía y el ministerio de Gobierno. Según las autoridades, el detenido habría confesado haber agredido sexualmente a más de 77 mujeres y en un cuarto donde moraba se habría hallado dos cuerpos enterrados.
“Cuestionamos a instancias judiciales que le otorgaron detención preventiva la gestión 2013, por asesinato, y pedimos informen a la sociedad de por qué fue beneficiado con ‘Detención Domiciliaria’, poniendo en peligro a muchas mujeres y que actualmente debamos lamentar dos feminicidios y otros más por comprobar”, se lee en el comunicado.
“Este es un claro y doloroso ejemplo de la constante violación a los derechos humanos en el sistema judicial, exigimos inmediata justicia y celeridad para todas las víctimas de violencia y feminicidio”, demandan las organizaciones.
Así también exigen a las autoridades del Órgano Judicial, del Ministerio Publico, de la Policía Boliviana, del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de la Presidencia “realizar las investigaciones correspondientes de manera inmediata y eficaz y que caiga todo el peso de la ley al autor y sus cómplices”.
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