La bancada de Creemos denunció este miércoles que el pago por la compensación económica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba es parte del “lavado de activos” y “lavado de dinero”, para justificar la millonaria cantidad de dinero que maneja el sector cocalero producto del narcotráfico.

El diputado Erwin Bazán en rueda de prensa dijo que el tema de fondo no es a cuánto asciende la compensación de YPFB-Transporte o si le debe pagar o no a la organización cocalera, sino que el tema fundamental es el movimiento económico que genera la producción de coca destinada al narcotráfico.

"Nuestra estimación nos lleva a suponer que se trata de un lavado de activos, lo que le paga YPFB es una fachada para que las federaciones del Trópico de Cochabamba estén mostrando movimiento de dinero, están lavando plata en Chapare y lo están haciendo con dinero que es todos los bolivianos dinero de YPFB”, sostuvo Bazán.

“El tema de fondo es que las federaciones del Trópico de Cochabamba manejan más o menos 30 mil hectáreas de cultivos hoja de coca, estudios muy serios estiman que esto por producto del narcotráfico genera más de $us 2.000 millones, por el tráfico de cocaína. Los $us 1,6 millones no es significativo frente a la gran economía que manejan estas federaciones”, agregó.

Cree que “YPFB se está prestando a un lavado de dinero y activos de parte de las seis federaciones porque lo que maneja esta organización es una millonaria cantidad de dinero”, reiteró, que en comparación a la compensación “es nada, es una migaja”.

Señaló que las poblaciones originarias, a las que efectivamente se les debe compensar por el daño ambiental ocasionado con la construcción del gasoducto Carrasco-Cochabamba han sido deliberadamente marginadas, debido al destino que se presume los $us 1,6 millones destinados a los productores de coca del Trópico de Cochabamba.

En este mismo sentido, afirmó que en cumplimiento a la Ley N° 3058/05 de Hidrocarburos art. 119 y 120 el informe de las conclusiones del estudio técnico de impacto ambiental debió ser socializado con los pueblos originarios, principalmente para cuantificar los montos de compensación que se les debe pagar, información que no presentada a los directos afectados que son los pueblos originarios.

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