Ante el incremento de sectores sociales que rechazan la presentación del carnet de vacunación contra la covid-19 para el acceso a servicios públicos y privados, el Gobierno está dispuesto a dialogar con estos para explicar los alcances de la normativa.
La viceministra de comunicación, Gabriela Alcón, informó este domingo que socializarán la norma con estos sectores. Sin embargo, dijo que los decretos 4640 y 4641 están vigentes y su cumplimiento es de carácter obligatorio ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país.
"Nosotros estamos abiertos a dialogar con los sectores que están en contra del carnet de vacunación, se va a socializar y explicar los alcances. Sin embargo, la norma ya está en vigencia y tenemos que pensar en la población boliviana, (la norma) es bastante clara y debe ser aplicada para todos”, indicó la autoridad en contacto con los medios de comunicación.
Al menos cuatro sectores rechazaron la norma y exigieron al presidente Luis Arce la modificación de ambos decretos, entre ellos está el Consejo de Iglesias Evangélicas de Bolivia, los cívicos de El Alto, el magisterio rural, quienes no descartaron con movilizarse por no consensuar con las organizaciones sociales.
El sector gremial también se sumó a estas protestas, el secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia César Gonzáles, señaló que los decretos supremos atentan contra los gremiales ya que, al obligar a portar carnet de vacunación a todos, ocasionará corrupción.
“En los mercados no tenemos personal para estar pidiendo carnet obligatorio a la gente y esto ocasionará que gendarmes, policías y autoridades vengan a decirnos por qué dejamos pasar a personas a comprarnos. Ahí seguro vendrá la extorsión y nos sacarán dinero”, puntualizó.
Esta postura fue respaldada por el dirigente de los gremiales de la ciudad de El Alto, Antonio Tiñini, quien adelantó que en los próximos días se reunirán con los dirigentes de los afiliados a ese gremio para definir las acciones que asumirán en contra de la obligatoriedad.
“Lo más seguro es que en esta reunión vamos a definir las medidas de protesta, el Gobierno quiere someter a la población. Con esta exigencia se están vulnerando nuestros derechos a elegir si nos vacunamos o no.”, afirmó.
El Decreto Supremo 4641 establece que el carnet de vacunación contra la covid-19 se constituye en un documento oficial de carácter nacional. Deberá ser presentado para acceder a instituciones públicas y privadas, entidades financieras, centros comerciales, mercados, centros educativos en general, locales de entretenimiento, transporte y establecimientos religiosos.
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