Las Asociaciones de Magistrados y Jueces de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, calificaron la aprehensión de la jueza Melina Lima como infundada y se declararon en emergencia hasta que se reparen sus derechos y garantías “vulnerados”; advirtió con acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Asociación de Magistrados (Amalap) subrayó que con la detención de Lima se estaría sentando un precedente contra el trabajo de todos los jueces del país con el riesgo de que cualquiera pueda ser aprehendido de la misma manera, ya sea por un criterio “subjetivo de aplicación de la normativa” o por otros intereses.

“Resolvemos declararnos en estado de emergencia hasta que se reparen los derechos y garantías vulnerados de nuestra asociada, estaremos a la espera de las determinaciones que se vayan a emitir, reservándonos el poder acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la reparación de los derechos y garantías vulnerados a nuestra colega”, reza el pronunciamiento de la Amalap.

Lima, jueza del Juzgado Cuarto Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, fue aprehendida el miércoles por dictar la extinción del proceso penal en contra de la familia Doria Medina en el caso Akapana. Es sindicada por el presunto delito de resoluciones contrarias a la ley.

Los jueces de La Paz sostuvieron que no se oponen al inicio de las investigaciones contra sus asociados por parte del Ministerio Público ya que es una facultad constitucional, pero exigen que se realicen en el marco del debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa. Además, advierten que en el caso de Lima se debe tomar en cuenta su condición de madre y mujer.

“En condición de autoridades judiciales, es evidente que no gozamos de fuero o privilegio alguno, empero si se consolidan estos hechos por demás infundadas y arbitrarias se genera una desprotección total para la administración de la justicia, ya que nuestro trabajo es precisamente resolver los conflictos penales y este trabajo no puede considerarse delictivo”, expresa la Amalap.

Indica que es extraño que procedieran a la aprehensión de Lima “por no tener un arraigo natural, llámese familia, trabajo y domicilio, siendo que ésta previsión que se realiza es en base a criterios subjetivos y conjeturas proscritos por la CPE (Constitución Política del Estado) y el CPP modificado por la Ley 1173”.

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