El anexo de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo N° 1386, apunta, específicamente, al sector informal del país porque considera que por ese sector ingresan los recursos fraudulentos debido a la ausencia de medidas de control. 

“Sin contemplar la problemática, causas y condiciones de la informalidad, podría desalentar la formalidad en sectores económicos pequeños que sí invierten dinero obtenido legalmente. En ese sentido, resulta necesario desarrollar una estrategia de lucha contra este fenómeno que podría invadir los mercados y el sector informal como suele ocurrir en jurisdicciones con regímenes de control y represión laxos”, señala el punto 9 del anexo.

Diferentes sectores se declararon en emergencia, entre ellos la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia, transportistas, cooperativistas mineros y otros que piden la abrogación de la Ley 1386, porque amenaza al trabajo de los informales, principalmente. 

En el segundo párrafo de ese punto, señala que la informalidad genera numerosas oportunidades para que el "delincuente" pueda ingresar a la economía recursos ilegales, hechos que pueden ser llevados a cabo de forma anónima y sin dejar ningún tipo de registro que permita su detección por las autoridades.

A la vez, el anexo también manda a presentar una ley para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y por eso la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) elaboró el proyecto de Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que fue retirado por el Ejecutivo el jueves. 

Los cuestionamientos 

Al menos cinco sectores productivos están en contra de la norma y anunciaron movilizaciones para esta semana, en caso de que el Ejecutivo no abrogue la "ley madre". Entre ellos, la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia dio un plazo de 72 horas al Gobierno para atender su demanda. 

En ese sentido, en ejecutivo de los transportistas, Víctor Tarqui, informó que dejaron sin efecto el paro convocado para esta semana, aunque el estado de emergencia sigue en pie y en un siguiente ampliado definirán las acciones que asumirán si la norma no es anulada.

El vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Braulio Arguedas, advirtió que la Ley 1386 puede dar paso al Ejecutivo, a través de decretos y resoluciones ministeriales, aplicar mano dura que estaba previsto con el proyecto de ley 218, el que aún no ha sido retirado del Senado.

Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, invitó nuevamente a los sectores movilizados ir al diálogo y  advirtió que un paro ocasionará una pérdida económica para el país de $us 112 millones por día. 

“Sectores como gremiales y transportistas piden la abrogación de la Ley 1386 con medidas de presión, lo correcto en dialogar para tratar este tema y evaluar las propuestas y observaciones que tienen. Esa es la forma correcta de construir la democracia, no es violentando el Estado de derecho, la actividad económica de la población, más aún cuando estamos en pleno proceso de reconstrucción de la economía boliviana”, dijo la autoridad. 

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