El Gobierno aseguró que la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo es solo de coordinación interinstitucional y vio que hay “confusión” en la población.
Según la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, la norma que ahora se busca su abrogación no tiene ningún tipo de relación con el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que se decidió sea retirado del Legislativo.
“Esta estrategia solamente es para coordinar acciones entre las diferentes instituciones que están realizando trabajos contra la legitimación de ganancias ilícitas que ya están en diferentes normativas, entonces, eso ya es un tema más operativo que se lo ha puesto”, sostuvo la autoridad.
Los gremiales dieron plazo hasta este 20 de octubre para el Gobierno pueda abrogar la Ley 1386, caso contrario, advirtieron con movilizaciones e incluso hablaron de un paro de 48 horas.
“Están confundiendo, se ha confundido a la población y esto (la Ley 1386) es más un trabajo entre instituciones que dependen del Estado y el Poder Judicial, peor es un tema más operativo que no afecta en ningún momento a las actividades de los microprestatarios, transportistas”, insistió Espinoza.
Uno de los aspectos cuestionados por la dirigencia de los gremiales es que en el anexo de la norma se hace mención que: “La prevalencia de condiciones de informalidad permite a las organizaciones criminales y terroristas la posibilidad de abrir negocios y consumir con mayor facilidad sus ingresos procedentes del delito y subsistir permanentemente en el sector informal sin mayores riesgos de ser detectados”.
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