A un día de que termine el plazo de la detención preventiva por el caso denominado “golpe de Estado”, la justicia determinó otra tiempo de prisión preventiva contra el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, en un proceso abierto por la presunta comisión de delitos de corrupción.
Guzmán fue aprehendido el pasado 12 de marzo en Trinidad, Beni, acusado por terrorismo, sedición y conspiración en el caso denominado “golpe”. Por ese caso, el 14 de marzo se dictó la detención preventiva del exministro, además de Jeanine Añez y Álvaro Coímbra, aunque posteriormente se amplió ese plazo a seis meses para las investigaciones.
A dos semanas de terminar el plazo de detención preventiva por el caso denominado “golpe”, el 31 de agosto el fiscal Manuel Saavedra presentó ante el Juzgado Quinto Anticorrupción una imputación contra Guzmán por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y delitos contra la salud pública, según el documento al que tuvo acceso ERBOL.
El proceso se abrió por presuntas irregularidades en la adquisición de insumos contra la COVID-19 en 2020 y la posterior cancelación del contrato.
La imputación señala que, de acuerdo a la investigación que realizó la Fiscalía y la publicación de Gigavisión en junio de 2020, el Ministerio de Energías, a cargo de Guzmán, habría hecho un contrato millonario para la provisión de material de bioseguridad, como barbijos, termómetros y guantes. Dicho material debería llegar el 1 de junio de 2020 desde China, pero se canceló su llegada de forma inexplicable. De acuerdo con el documento, incluso habría sobreprecio.
También la imputación hace referencia a informes del Ministerio de Energías, en los cuales se hace referencia a que se había realizado dos órdenes de compra a favor de la empresa Provtec. En la primera adquisición se entregó el material contratado, pero en la segunda no ocurrió lo mismo.
Según esos informes, la empresa contratada Provtec argumentó que no podía cumplir con la entrega del ítem requerido, en referencia a respiradores, debido a problemas de transporte por la pandemia, por lo cual, el Ministerio había decidido anular la orden de compra.
Con esos elementos en contra del exministro, la Fiscalía pidió la detención preventiva de Guzmán por seis meses en el penal de San Pedro, al considerar que existe peligro de obstaculización de la investigación si el imputado es liberado.
La audiencia cautelar de Guzmán se realizó este lunes. Su esposa, Dalia Lima, informó a ERBOL que la justicia determinó los seis meses de detención preventiva del exministro, con lo cual se extenderá su encarcelamiento.
La esposa del exministro consideró que es triste la situación de su cónyuge. Dijo que las esperanzas son pocas, debido a que existe presión del gobierno y la justicia se pone del lado del Órgano Ejecutivo.
“Sabemos que todo lo maneja el gobierno y lo que quieren es seguir manteniéndolos a los exministros y la expresidenta detenidos, sea cual fuere el motivo”, lamentó.
Señaló que el caso es político y que su esposo sufre una venganza de parte de “gente muy mala”.
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