La expresidenta Jeanine Añez en una carta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que quizás la muerte sería la mejor solución a su situación. Pide su intervención y la de la comunidad internacional.
"Seguramente, mis carceleros quieren que muera en esta cárcel de la que hoy le escribo y a veces pienso que es la mejor solución", se lee en el manuscrito de la exmandataria que envió a Almagro a través de su hija Carolina Ribera que viajó a Estados Unidos para denunciar su “injusta” detención desde el pasado mes de marzo.
Un fin de semana del mes de agosto, Áñez intentó quitarse la vida, se causó lesiones en uno de sus brazos, los médicos señalaron que su estado era depresivo. El hecho sucedió después de días que registró un cuadro de hipertensión arterial y en medio de amenazas acusaciones del MAS en contra de su hija por el manejo de la oficina de Gestión Social.
En contra de Áñez existen al menos siete procesos, en la vía ordinaria dos y cinco para juicio de responsabilidades, por presunta irregularidades en el ejercicio de sus funciones. La Asamblea Legislativa debe decidir si autoriza o no el juicio por las masacres de Senkata y Sacaba.
Clamó para que la comunidad internacional llegue al país y vea lo que está sucediendo con la justicia. “Mi pedido de clamor y ayuda no es por mí, sino por un país totalmente destruido judicialmente, y que su Poder Judicial está prostituido al gobierno de turno”, señala en la carta publicada por El Deber.
Insistió para que la comunidad internacional llegue al país para poner un alto a los “proxenetas del poder que son liderados por Luis Arce Catacora y Evo Morales, junto a toda la élite masistas”.
En su misiva también hace referencia a su condición de mujer y política, lo que "es casi una maldición" en Bolivia, ya que el poder nos ultraja y nos usa para sus fines personales". Al final señaló que es madre privada de ver a sus hijos, e hija privada de ver a su madre anciana y enferma.
Pero que además es la expresidenta Constitucional de Bolivia, aunque no sea aceptado por Evo Morales y “sus sirvientes digan lo contrario”.
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