El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, denunció este lunes que las empresas públicas adeudan al Banco Central de Bolivia (BCB) más de Bs 36 mil millones por ese motivo envió una nueva petición de informe al Ministerio de la Presidencia para conocer el estado actual de las empresas pública estratégicas.
“Nuestro titular es que las empresas públicas le adeudan al Banco Central de Bolivia 36 mil millones de bolivianos. Nosotros el 22 de abril, le hemos mandado una petición de informe escrito a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, para saber sobre la situación de las empresas públicas (…) nos han respondido que ninguna empresa pública está en quiebra desde el 2013 y se amparan en la norma 466 sobre las empresas públicas”, manifestó Reyes en conferencia de prensa.
Según el cuadro que presentó sobre créditos del BCB a las empresas públicas, el saldo de deuda a diciembre del 2020 en millones de bolivianos sería de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Bs 10.197 millones; la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) Bs 101 millones; la Empresa Nacional de Electricidad Bolivia (ENDE) Bs 18.946 millones; Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) Bs 5.196 millones y la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) Bs 1.812 millones.
Cuestionó que el Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó un fideicomiso de Bs 500 millones destinado al capital de operación de las empresas públicas. Dijo que no habría necesidad de crear tal capital con ese monto de dinero si las empresas no están en quiebra.
“Si las empresas públicas que no pueden cubrir gastos de ejecución y no pueden cubrir sus costos de operación, ni sus costos fijos, eso significaría que estarían pues en quiebra técnica”, indicó.
En una nota de prensa, Reyes, además, informó que las empresas públicas no cuentan con información para la gestión empresarial en la toma de decisiones y que tienen problemas de contabilidad institucional, es decir, muchas de estas empresas usan el sistema de registro contable público SIGEP que no permite realizar un seguimiento diferenciado de los ingresos, costos, impuestos, y gastos realizados.
Dijo que tampoco existen mecanismos de articulación entre actores de desarrollo, de capacidades y de asesoramiento de empresas. Lamentó que se sigan incrementando las funciones y tuición de algunas entidades estatales, tal es el caso de los ministerios de Planificación y de Economía sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas que dificultan su gestión.
“Esta tuición limita la acción de las empresas públicas y se sigue manejando bajo una perspectiva estatal, bajo criterios de evaluación creados para la función pública, en los que la eficiencia no es uno de los principales objetivos”, manifestó.
Explicó que los planes de las empresas públicas no reflejan una gestión "empresarial” para alcanzar su sostenibilidad y competir en los mercados, por consiguiente, no existen metas de producción, ingresos y utilidades. “Estas empresas solo se miden en la ejecución de sus presupuestos en gastos y no así en ingresos, además, de no contar con la diferenciación del tipo de empleados: obreros, técnicos, administrativos, directivos, entre otros”, explicó.
Reiteró que el 22 de abril se remitió una petición de informe al Ministerio de la Presidencia para conocer el estado actual de las empresas públicas que están bajo tuición del COSEEP (Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública) en el que después de tres meses respondió que ninguna empresa desde el año 2013 entró en quiebra y que están amparados bajo la Ley 466, Ley de la Empresa Pública.
“Por estas cuestiones estamos enviando una nueva petición de informe al Ministerio de la Presidencia para recabar mayor información sobre las empresas públicas y de esta manera podamos elaborar una propuesta para que las mismas sean sustentables y sostenibles en el tiempo, ya que hoy en día se constituyen en un gasto innecesario para el Estado y que no generan empleos”, indicó Reyes.
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