El expresidente y líder de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, acusó este jueves a los exprocuradores del Estado, Héctor Arce y Pablo Menacho; al exministro de Minería, Cesar Navarro; y al exministro de Economía y actual presidente de Bolivia, Luis Arce, de ser los responsables del "robo" de $us 42 millones en el caso Quiborax.
Puntualizó que el Movimiento al Socialismo (MAS) reactivó un juicio de responsabilidades en su contra por el caso Quiborax simplemente porque cuando fue presidente nacionalizó el Salar de Uyuni y expulsó del país la empresa chilena Quiborax.
“El final de la historia (de un juicio de varios años) es que Bolivia acepta pagar 42 millones de dólares a estos piratas (empresa Quiborax) y lo hace mediante un acuerdo donde están el exprocurador, Héctor Arce; el procurador de entonces, Pablo Menacho; el ministro de Minería, César Navarro; y ¿quién es el cajero que autoriza el desembolso de los 42 millones en favor de esta empresa pirata chileno-boliviano?, nada más y nada menos que el entonces ministro Luis Arce Catacora, hoy presidente del Estado”, protestó Mesa en conferencia de prensa.
En mayo del 2018, se conoció que Bolivia perdió el juicio que sostenía desde 2006 contra la empresa chilena Quiborax por lo que debió pagar un monto millonario, tras el último fallo pronunciado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial (BM) para resolver este tipo de conflictos.
Según Mesa, cuando ingresó al gobierno halló que la emprensa que realizaba trabajos en el Salar de Uyuni de Potosí no pagaba impuestos, no cumplía con las normas bolivianas, no respetaba el medio ambiente y exportaba el mineral a precios muy inferiores, dijo que fue por esas razones que decidió expulsar a esa empresa del país.
“Segunda acción. El Gobierno que me sucedió, hoy expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, ratificó nuestra decisión, ratificó que la anulación que había hecho (…) era correcta y por lo tanto validó nuestra correcta decisión”, señaló.
Narró que después de ese hecho, la empresa chilena Quiborax falsificó actas de conformación para establecer una mayoría accionaria extranjera y presentarlo ante un arbitraje internacional. Esos hechos sonaron fuertemente en el 2018, cuando se conoció el falló.
Recordó que por el caso Quiborax, los dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó un decreto presidencial de amnistía a favor de él y Jorge “Tuto” Quiroga, pero fue rechazado por Mesa. Hoy ratificó el rechazo, pero recordó que esa decisión hecha en el Legislativo no se puede modificar.
“Esa es una decisión jurídica, esa decisión no es modificable. Cuando tu das una amnistía, esa amnistía es irreversible, mucho más cuando la Asamblea la aprueba por dos tercios de votos y más”, subrayó.
Cuestionó que la Asamblea quiera borrar con el codo lo que firmó con su mano, esto en relación a que la comisión Mixta de Justicia Plural de la ALP aprobó el miércoles el informe de juicio de responsabilidades en contra de Mesa por el caso Quiborax.
Subrayó que rechazó la amnistía porque cree que lo hicieron para garantizar la impunidad de Héctor Arce, Menacho, Navarro y Luis Arce, quienes “permitieron” que el país pierda un millonario monto por el caso Quiborax.
“Ojo (…) no nos engañemos, no era un objetivo de amnistía para Carlos Mesa, era para proteger a los verdaderos autores del delito y emitir 42 millones de dólares a una empresa pirata. Que quede absolutamente claro”, puntualizó.
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