La comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este miércoles el informe de juicio de responsabilidades contra el expresidente y líder opositor de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, por el caso Quiborax.
Esa instancia legislativa también aprobó los informes de juicios de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en el caso Fondesif y contra el exministro de Gobierno Alfredo Rada por el caso la Calancha.
La presidenta de la comisión Patricia Arce dijo que se aprobaron los tres casos pendientes de las 20 proposiciones acusatorias que se encontraban en esa instancia, relativos a anteriores gestiones desde 2004.
“Lo que corresponde es remitir al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, y bueno el fijará día y hora para poder tratarlo en el plenario de la Asamblea”, sostuvo Arce en declaraciones a la prensa.
Caso Quiborax
En relación a este caso, hace dos años la Fiscalía General del Estado solicitó el enjuiciamiento de Mesa por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Mesa fue investigado a pedido de la Procuraduría General del Estado, tras el fallo del tribunal arbitral del Banco Mundial que ordenó a Bolivia compensar a la chilena Quiborax por la reversión de sus concesiones mineras de ulexita en el salar de Uyuni.
En junio de 2018, el Gobierno pagó una indemnización de $us 42,6 millones como consecuencia del fallo que dictó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que tomó en cuenta una norma de Mesa mediante cual decidió la "revocatoria" de las concesiones en el salar.
El gobierno de Morales sostuvo que el decreto de Mesa no se ajustó a procedimientos legales, lo que permitió que Quiborax reclame un pago por sus concesiones. Mesa, presidente del país entre 2003 y 2005, había decretado tal medida, arguyendo falta de inversiones.
El exmandatario rechazó la acusación, ese tiempo señaló que “el gobierno de (Evo) Morales hizo todo lo posible para perder el arbitraje y cumplir así su objetivo político: mi procesamiento judicial en un claro camino en el que está hace ya tiempo; la criminalización de la política”.
Caso la Calancha
El caso data de 2007, durante los conflictos que se generaron en torno a la “capitalidad” en el marco de la Asamblea Constituyente. Tres personas murieron durante la crisis política de ese tiempo.
En agosto de 2008, el entonces fiscal General, Mario Uribe, acusó al exministro de Gobierno, Alfredo Rada; al ex comandante de la Policía, Miguel Vásquez Viscarra, y a otros dos ex jefes de la institución del orden, por genocidio y resoluciones contrarias a la ley, supuestamente cometidos en noviembre de 2007.
El Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se tramite la autorización congresal del enjuiciamiento de Rada. Desde ese tiempo el caso radicó en el Legislativo. Recientemente se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso.
Caso Fondesif
Este proceso es de mucho antes, el 2015 el entonces fiscal General Ramiro Guerrero presentó la proposición acusatoria contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la otorgación de créditos en favor de empresas financieras privadas, conocido como el caso Fondesif.
Las irregularidades presuntamente fueron cometidas en el ejercicio de funciones del exmandatario por haber emitido un decreto supremo de 1995, con el que permitió el otorgamiento de créditos de capitalización a entidades financieras privadas.
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