El Observatorio de Defensoras/es de UNITAS identificó cuatro agresiones y amenazas contra periodistas de diferentes medios de comunicación. Los cuatro casos están relacionados con la labor informativa de estos trabajadores en los hechos relacionados con el denominado caso “golpe de Estado”.

El observatorio recordó que Estado boliviano tiene la obligación de proteger los derechos de los periodistas, actores fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión.

“Su trabajo contribuye de manera significativa a la sociedad democrática, aportando información a la sociedad para mantener el debate público nutrido. Las agresiones contra periodistas y el impedimento de su trabajo atentan contra la libertad de prensa y, consecuentemente, afectan al ejercicio democrático de la sociedad”, afirma el boletín de alerta.

El primer caso ocurrió el 29 de julio pasado. Un periodista del diario El Deber fue amenazado y hostigado por personas que, desde el anonimato, lo llamaron para calificarlo como “prensa de derecha” y “pitita”; además lo amenazaron: “te vas a preparar para un proceso”, según reporte de este diario. El periodista, de quien se guarda su identidad, realizaba las investigaciones de la crisis política de 2019.

El 19 de agosto sucedió un segundo hecho. En Potosí, el dirigente del MAS, Iván Zambrana, acusó a los periodistas que se dieron cita a la presentación del informe del GIEI como “instigadores”, particularmente al trabajador de radio Fides Juan Orellana, quien luego decidió retirarse del Obispado de esa ciudad, donde se desarrollaba el evento. La Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí emitió el siguiente pronunciamiento al respecto.

El 25 de agosto se reportaron otros dos hechos de agresión contra periodistas durante las movilizaciones a favor y en contra de la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez. La primera fue contra un periodista de la red ATB, quien realizaba la cobertura de las manifestaciones en puertas del Centro de Orientación Femenina de Miraflores. Una mujer golpeó la cámara del periodista. Según el medio televisivo, se trataba de una persona seguidora de la expresidenta.

Ese mismo día, un grupo de gente afín al MAS, que se apostó alrededor de la cárcel, agredió a la periodista de Página Siete, Yolanda Cayo. Dos varones y una mujer intentaron arrebatarle la credencial, pero al no lograrlo la empujaron. Según comenta la periodista, la Policía no intervino, pese a que estaba a su lado.

“(Paso) por ser periodista de Página Siete, porque al abordarme ellos primero pensaron que era de los marchista de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) o activista. Les dije que era periodista y que estaba trabajando y les mostré mi credencial y fue cuando comenzaron a agredirme, insultarme e incitar a la gente a lo mismo”, denunció Cayo al Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.

A estos cuatro hechos se suma también una declaración que alienta a la estigmatización de periodistas proferida por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, el pasado 20 de agosto, cuando acusó a los medios de comunicación de haberse parcializado con el gobierno de Jeanine Áñez, cuando se encontraba en el poder.

“Aquí los medios de comunicación, creo que hay que ser abiertamente honestos, en su momento no fueron, no objetaron, no generaron una línea alternativa a la que estaba señalando como hipótesis el Gobierno, que evidentemente eludía su responsabilidad, revictimizando a las propias víctimas (Sic), faltando al honor de las personas que ellos habían mandado a asesinar”, afirmó.

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