El exfiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, asumió este viernes el cargo de viceministro de Tierras dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
Guerrero vuelve al Gobierno después de su último paso como Cónsul de Bolivia en Chile, cargo diplomático que asumió en febrero de 2019, tres meses después que dejó el máximo cargo en la fiscalía general.
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, lo posesionó en un acto en el municipio de San Buenaventura, La Paz.
Asume el cargo en un momento en el que existen tensiones entre el Gobierno, el Instituto Nacional de Reforma Agraria y la Gobernación de Santa Cruz por el tema de tierras.
Guerrero fue constituyente por el Movimiento Sin Miedo, aunque en ese proceso se acercó al MAS, posteriormente fue designado por el entonces presidente Evo Morales, magistrado en la transición entre la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia.
Con el apoyo del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional llegó a ser fiscal general, en octubre de 2012 asumió el cargo. La oposición rechazó su designación por su vinculación con el partido de gobierno, lo que no garantizaría la imparcialidad en las investigaciones.
En su paso por el Ministerio Público se desarrollaron casos relevantes como el escándalo de Gabriela Zapata, expareja del expresidente Evo Morales. La investigación apuntó a deslindar de responsabilidades al exmandatario y no profundizar un presunto tráfico de influencias.
Otro de los casos connotados fue la sentencia que jueces y fiscales defendieron en contra del médico Jhery Fernández, a pesar de su inocencia. La jueza Patricia Pacajes mencionó a Guerrero como una de los responsables de mantener el caso en contra del galeno.
“A través de esta carta, como único medio que tengo para gritar y denunciar mi indignación contra todo el sistema judicial y los fiscales encabezados por el autor intelectual de este horrendo crimen que se dio a la luz en ese audio, el fiscal general Ramiro Guerrero y sus autores materiales Susana Boyán Tellez y Edwin Blanco Soria”, decía Fernández en septiembre de 2018.
En 2014-2015 estalló el caso Fondo Indígena, uno de los hechos de corrupción más connotados en la gestión del presidente Evo Morales. Se develó un daño económico millonario al Estado que involucró a autoridades gubernamentales, directores, técnicos y dirigentes indígenas.
El Ministerio Público centró sus acciones investigativas en contra de algunos dirigentes y responsables de los proyectos, pero no asumió acciones contra los miembros del directorio donde participaban además de la exministra Nemesia Achacollo otros cuatro ministros de Estado.
En abril de 2017 se registró un atraco armado a un vehículo blindado de la Aseguradora Brinks, el hecho se registró en la carretera a Roboré (Santa Cruz), los asaltantes se llevaron 2,6 millones de bolivianos y 350 mil dólares. La Fiscalía durante las investigaciones no recuperó el botín.
En julio de 2017 delincuentes armados asaltaron la joyería Eurochronos, al huir tomaron rehenes e intercambiaron disparos con los policías. El hecho dejó un saldo de cinco fallecidos: Lorena Torrez (gerente de la joyería), un policía y tres antisociales. Dos de los atracadores detenidos en Palmasola. Hasta su salida no se resolvió el caso.
En agosto de 2016 se registró enfrentamientos entre cooperativistas y policías en la localidad de Panduro y en la carretera hacía Cochabamba a raíz de un conflicto de este sector en contra del Gobierno. En el hecho un viceministro de Régimen Penitenciario fue asesinado. La fiscalía puso énfasis en la indagación de la muerte de la autoridad, pero no de los mineros que fallecieron.
Además de estos otros casos emblemáticos no terminaron de ser resueltos en la gestión de Guerrero, quien cerró su mandato, en medio de críticas de la oposición por su gestión proclive a la defensa del partido de gobierno.
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