El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este viernes que el Gobierno alista la respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo ocurrido en noviembre de 2007 en el sector La Calancha, en Sucre.
“El caso está en la fase de admisibilidad y tiene que tener la respuesta del Estado boliviano, estamos justamente construyendo esa respuesta que tiene que ser objetiva y tiene que responder a la verdad de lo que ha ocurrido en Sucre, que es lamentable y que no puede quedar de ninguna manera en la impunidad”, dijo la autoridad.
Entre el 23 y 25 de noviembre de 2007, en una zona conocida como La Calancha, integrantes de la Policía reprimieron de manera violenta a los manifestantes, provocando un saldo de trescientos heridos de diversa gravedad, aproximadamente cincuenta y tres intoxicados por uso indebido de gases y las muertes de tres personas.
Gonzalo Durán falleció el 24 de noviembre producto de un disparo de arma de fuego que le perforó el pulmón derecho. El 25 de noviembre murió el universitario Juan Carlos Serrudo tras recibir el impacto de una granada de gas. Además, José Luis Cardozo falleció en el Hospital Santa Bárbara tras haber recibido un disparo en la cabeza.
El 8 de julio, la CIDH informó sobre la admisibilidad del caso y notificó a las partes interesadas –peticionarios y el Estado boliviano- y ahora continúa con el análisis del fondo de la cuestión.
“En el presente caso, y luego de considerar los procesos judiciales internos como un todo, desde la perspectiva del análisis del agotamiento de los recursos internos, la CIDH observa que a pesar de que han pasado cerca de catorce años desde que ocurrieron los hechos denunciados, las ejecuciones de los señores Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo se encuentran, prima facie, sin ser debidamente investigadas y sancionadas”, señala la CIDH en la parte del análisis de agotamiento de los recursos internos y plazo de presentación.
Lima indicó que un procedimiento que establece la ley boliviana y la CIDH es la posibilidad de una solución amistosa a esta controversia, sin embargo, aclaró que no es que tiene que darse obligatoriamente.
De enero a la fecha, la Comisión Interamericana admitió seis casos en contra del Estado boliviano por la vulneración a los derechos humanos, y estos son: Gaby Esperanza Candia de Mercado, Manfred Reyes Villa Bacigalupi, Asencio Cruz Nina, Ronald Enrique Castedo Allerding, Alejandro Gelafio Santiesteban Stroebel y Gonzalo Durán y otros.
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