Al contrario del discurso del presidente Luis Arce, la intervención del vicepresidente David Choquehuanca fue en tono conciliador e instó a lograr complementariedad entre oficialistas y opositores. A la vez afirmó que la justicia debe ser para todos por igual.
La segunda autoridad del Estado convocó a sanar heridas, pero con justicia, construir un país que albergue a todos. A la vez, aseguró que evitar que una injusticia sea compensada con otra es una señal de no haber establecido cambios estructurales en el país.
“No somos de la cultura de la división”, insistió. Reparar una injusticia con otra injusticia es una señal de no haber logrado cambios estructurales profundos. propenso una justicia para la vida sin impunidad, sin corrupción, con reparación de daños para sanar heridas, construir una vida digna y justa", precisó en su discurso.
Esta es la segunda ocasión en la que Choquehuanca emite un mensaje conciliador, el primero fue el 8 de noviembre de 2020 cuando juró como vicepresidente del Estado. En esa oportunidad convocó a la reconciliación, unificación y equilibrio entre los diferentes sectores del país.
En su discurso evitó referirse al expresidente Evo Morales, tal como lo hizo Luis Arce, quien resaltó los logros que se generaron durante los 14 años de mandato del líder cocalero. Tampoco mencionó los hechos el supuesto "golpe de Estado" que implantó el gobierno de Luis Arce desde su asunción al poder.
En ese sentido, Choquehuanca consideró que la democracia es ponerse de acuerdo entre todos y respetar a quienes piensen diferente, caso contrarios son signos de que nos convencen a la población y es cuando la patria se pone en riesgo, cuando se busca vencer en lugar de convencer.
Su intervención duró 29 minutos, tiempo en el que sólo fue aplaudido en dos ocasiones por sus correligionarios.
Bolivia celebra 196 años de independencia en medio de fricciones políticas por parte de sectores afines y opositores al Gobierno. Los primeros acusan a los opositores de golpistas y sostienen el relato del fraude electoral en 2019 fue un invento para gestar un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.
Sin embargo, los opositores sostienen que ese año Morales cometió un fraude electoral que derivó en diversas protestas ciudadanas que exigió nuevas elecciones y la renuncia del entonces presidente.
En ese contexto, el actual Gobierno inició un proceso judicial a exautoridades del Gobierno de transición entre ellas la expresidenta, Jeanine Áñez y varios de sus colaboradores, quien estará detenida hasta 2022, acusada de gestar el supuesto golpe.
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