El trabajo de pericia informática solicitado al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación de la Universidad de Salamanca de España, con el que el Ministerio Público está cerrando el “caso fraude electoral 2019”, ha costado 216.193,05 bolivianos, informó este domingo el secretario general de la Fiscalía del Estado, Edwin Quispe.
Explicó que el análisis de integridad electoral es “prácticamente significativo” porque la Universidad de Salamanca ha señalado que es una Fundación sin fines de lucro, además que nadie está obligado a prestar servicios de manera gratuita, y que la Fiscalía, constitucionalmente, está obligada a cancelar cualquier tipo de servicios y, obviamente, al ser tan especializado no se podía dejar de honrar con “esa mínima manifestación en reconocimiento al trabajo que estuvieran realizando”.
Quispe defendió la legalidad del estudio de esta Fundación frente al informe de la Organización de Estados Americano (OEA) porque no tiene firma de ninguna persona responsable, no dice que hubo fraude ni que se han alterado datos del cómputo oficial porque su principal basamento es el TREP que es una suerte de cómputo en boca de urna.
Sostuvo que la pericia de la Universidad española dice que no hubo alteración de datos, por tanto, la integralidad de la base de datos en relación al cómputo ha sido garantizada.
Indicó que el trabajo de investigación que se realizó da certeza al Ministerio Público para emitir un requerimiento conclusivo de sobreseimiento que fue notificado a las partes que tienen derecho de objetar ante la autoridad competente, quien emitirá su fallo y de confirmar el resultado se archivará el caso, según anticipó al canal estatal.
Sin embargo, observó que, a un año y siete meses de las elecciones de 2019, no ha visto que alguna de las partes se haya preocupado en aportar elementos que ayuden a la investigación.
Para la Fiscalía General del Estado tampoco está confirmado el carácter de vinculante del informe de la OEA porque lo único vinculante para todos los bolivianos es todo lo que emerge mediante ley o mediante norma emitida por autoridad competente y los acuerdos entre políticos son acuerdos de buena fe.
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