El caso denominado “golpe de Estado” deriva en dos investigaciones por tipos penales distintos. En un proceso se investigan los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, mientras que los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, enmarcados en la ley anticorrupción, pasaron a otro juzgado. La decisión es objetada por la defensa de la expresidenta Jeanine Añez.
El fiscal Omar Mejillones explicó este viernes que el caso se desdobló y detalló los juzgados donde se encuentran ambos procesaos. Anunció que se convocará personas para declarar, en función de las necesidades de ambas investigaciones.
“Existe un desdoblamiento del proceso. Hay una investigación por delitos de corrupción que está siendo en conocimiento del Juez Segundo de Instrucción en lo Penal. Este caso (de terrorismo, sedición y conspiración) está siendo en conocimiento del Juez Décimo de Instrucción y, bueno, en función a la necesidad de ambos casos vamos disponer las diligencias que sean necesarias”, dijo el fiscal.
El caso se abrió en noviembre de 2020 a denuncia de la exdiputada Lidia Patty por los tipos penales de terrorismo, sedición y conspiración, en cuyo marco la expresidenta Jeanine Añez fue detenida y encarcelada preventivamente. Posteriormente, la Procuraduría y el Senado ampliaron la denuncia por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, debido al procedimiento que Añez usó para asumir la presidencia.
El desdoblamiento del caso causó extrañeza en el abogado Eusebio Vera, que defiende al almirante Gonzalo Jarjury, detenido por terrorismo, sedición y conspiración, puesto que el mismo ya ha declarado en este proceso, pero fue convocado a comparecer de nuevo como sindicado en el caso por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
En el segundo caso abierto, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, la citación a Jarjury fue emitida por la fiscal Lupe Zabala y el documento identifica como denunciante a Lidia Patty y como denunciado a “Jeanine Añez y otros”.
El abogado de Añez, Luis Guillén, informó que ha apelado la decisión de remitir los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución a otro juzgado.
Señaló que no conoce de una radicatoria de la investigación en otro juzgado y afrimó que antes debería esclarecerse la apelación.
En estos dos procesos se investigan hechos previos a la asunción de Añez a la Presidencia. Sucesos posteriores como Senkata y Sacaba están en la jurisdicción de juicio de responsabilidades, que requiere autorización de la Asamblea.
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