El proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, aprobado el jueves en la Cámara de Senadores, busca identificar y controlar el lavado de dinero en actividades del sector informal; no obstante el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que no se perseguirá a informales y que toda investigación se hará previa denuncia.

En el documento de la norma se establece como una problemática la informalidad vinculada al lavado de dinero y se plantea una estrategia de inclusión financiera.

“Resulta necesario desarrollar una estrategia de lucha contra este fenómeno que podría invadir los mercados y el sector informal como suele ocurrir en jurisdicciones con regímenes de control y represión laxos”, se lee en parte del documento.

Las acciones a desarrollar, según el Plan de Acción de la estrategia contra el lavado de dinero es “conformar una comisión para desarrollar un diagnóstico del sector informal que permita identificar la magnitud de actividades informales y su incidencia de los riesgos de la legitimación de ganancias ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo en este sector”.

Asimismo, se plantea desarrollar una estrategia para implementar las recomendaciones del diagnóstico realizado, “tendientes a mitigar y/o controlar los riesgos derivados de la informalidad y compatibilizar los controles con las políticas estatales”.

Al respecto, el titular de Economía descartó que el Gobierno o la Unidad e Investigaciones Financieras (UIF) vayan a perseguir a los informales y enfatizó en que las investigaciones de la UIF se dan a partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) hecha por un banco o entidad financiera, o alguna denuncia de particulares, “que pueden encontrar movimientos extraños en las cuentas de algún agente económico; no es que la entidad pública actuará o iniciará una investigación a iniciativa propia”.

“Lo que hace la UIF es simplemente abrir un caso de investigación y lo que procede es llevar esos antecedentes al Ministerio Público y serán los fiscales los que inicien el proceso de investigación judicial”, dijo la autoridad.

Agregó que incluso “si hay simplemente una denuncia anónima, eso no puede ser sujeto de elemento para iniciar la investigación, alguien tiene que hacer una denuncia bien fundada, donde dice 'yo quiero denunciar, soy responsable de mi denuncia' porque he visto esto o aquello”.

El jueves, asambleístas de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) advirtieron, por separado, de una persecución financiera por parte del Gobierno a través de la UIF, con la ley aprobada.

El senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, afirmó que la ley avala investigaciones de cuentas, propiedades, llamadas privadas además de arrestos a comerciantes, gremiales, empresarios, transportistas, entre otros.

Sostuvo que el 40 a 35% de la norma está dedicado para todo aquel que esté vinculado a una economía informal, “por ejemplo un transportista que lleva ganado y fija el precio con el que necesita ese servicio y hace la transacción, pero no hay la factura o recibo, entonces eso se puede considerar una ganancia ilícita. Han generado a través de esta norma una suerte de empoderamiento de la UIF”, explicó Paz en una entrevista con Red Pio XII.

El senador de Creemos, Henry Montero, afirmó que el 80% de bolivianos que tienen actividad informal “tienen que cuidarse porque hoy viene una persecución financiera” y que quien tenga actividad informal “tendrá que demostrar documentalmente cómo ha crecido su patrimonio porque la UIF tiene toda la potestad sin requerimiento fiscal de poder investigar”, además que también se autoriza la escucha de llamadas sin requerimiento fiscal.

Respecto a las escuchas de llamadas, en el Plan de Acción de la norma se plantea “la modificación del Código de Procedimiento Penal para incluir el arresto diferido, entrega vigilada y agente encubierto” y se dispone “realizar la consulta de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional con relación al anteproyecto de ley respecto al uso de técnicas de escucha de llamadas en casos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo y delitos precedentes”.

Sin embargo, el ministro Montenegro aseguró este viernes que la UIF respetará la confidencialidad de las personas y “en ningún momento la entidad pública incurrirá en escuchas telefónicas”.

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