Un periodista del diario Página Siete de La Paz fue increpado y agredido durante y después de una conferencia de prensa ofrecida por el ministro de Educación, Adrián Quelca, el jueves 22 de julio, en la que consultó a la autoridad sobre las denuncias de tráfico de exámenes para cargos directivos en el sector educativo. 

Según denuncia del medio impreso, presentada a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), durante la rueda de prensa, Quelca “acusó al periodista de mentir al decir que hizo solicitudes para buscar la contraparte, respecto a las denuncias de supuestas irregularidades” en la gestión de su despacho.

Además, a la conclusión de la reunión con periodistas y mientras el ministro abandonaba el lugar, allegados a la autoridad, identificados como servidores públicos por Página Siete, increparon, tomaron fotografías y acusaron al periodista de mentiroso por una supuesta “falta a la verdad” en las publicaciones realizadas. 

En descargo sobre las acusaciones, Página Siete asegura que se realizaron varias llamadas telefónicas a los dos números de celular del ministro de Educación durante varios días, para tener su versión sobre las denuncias, “pero no fue atendido; incluso (el periodista) mostró a los presentes los registros de llamadas que hizo para tal efecto”.

El medio señala que previa a una primera publicación sobre los presuntos hechos de corrupción denunciados, desde el 15 de junio, el diario realizó a través de la Dirección de Comunicación del Ministerio de Educación solicitudes de entrevistas al ministro Quelca, a los directores relacionados a las denuncias y los asesores jurídicos de esa cartera de Estado, para conocer sus versiones.

Las presuntas irregularidades en el Ministerio de Educación, a las que hacen referencias varias publicaciones de Página Siete, están siendo investigadas por la Fiscalía de La Paz atendiendo la denuncia interpuesta por la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama, en contra del ministro de Educación, Adrián Quelca, y el exdirector de Educación Técnica, Agustín Tarifa.

Las denuncias comprenden presuntos delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes cometidos con el "tráfico de exámenes" en el proceso de institucionalización para la designación de cargos distritales, directivos, rectores y docentes en el sistema educativo superior, en diferentes fechas, desde enero de este año.

Con su actuación, señala la ANP, tanto el ministro de Educación como sus allegados, desconocieron la Constitución Política del Estado (CPE) que en su artículo 106 parágrafo III señala que el “Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información. Estos derechos se ejercerán de acuerdo con el principio de responsabilidad, mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación, y su ley”. 

Las agresiones verbales también vulneraron el derecho que tienen todos los bolivianos y bolivianas a la libertad de expresión, de opinión y de información, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2000 establece en su artículo 13 como atentados contra la libertad de expresión la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública para presionar directa o indirectamente, dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales, porque “los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente”

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