El informe que elaboró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) será usado por el Gobierno para que la Fiscalía lo incluya en la proposición acusatoria contra la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de "genocidio" por los fallecidos en los conflictos postelectorales de 2019.
El viceministro de Justicia, César Siles, se encargó de señalar ese extremo y afirmó que será empleado en los procesos ordinarios para esclarecer las muertes de civiles en Senkata y Sacaba, aunque también señaló que no se puede adelantar los alcances del mismo por un principio de confidencialidad.
“Este informe va a ser presentado en la proposición acusatoria que actualmente hay contra la señora Jeanine Áñez y dentro de los juicios ordinarios que se están sustanciando por las masacres de Senkata y Sacaba (...) Hay un principio de confidencialidad. No se puede adelantar nada todavía", remarcó Siles a los periodistas.
Sin embargo, horas antes de esas aseveraciones el ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que aún no se referirán sobre los alcances del documento y si será usado o no en el proceso de investigación contra las exautoridades del gobierno de transición.
Incluso señaló que aún se están evaluando los alcances jurídicos que pueden tener este tipo de informes, tomando en cuenta que son de reciente aplicación para la investigación de un hecho complejo. Aseveró que el primer caso se desarrolló en México por la desaparición de más de 40 estudiantes en Ayotzinapa el 2014.
El viernes por la noche, el grupo de expertos entregó el informe final de su investigación sobre los conflictos en el país entre septiembre y diciembre de 2019, al embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce. Existe un plazo "mínimo"de 10 días para que el Gobierno haga llegar observaciones al GIEI, después de eso el documento se difundirá públicamente.
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