El juzgado Cuarto Anticorrupción de La Paz dispuso este viernes la detención preventiva del funcionario Pablo R. V. H., involucrado en el caso donde se investiga un presunto daño económico de Bs 43 millones a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

La Fiscalía imputó al sindicado por los delitos de conducta antieconómica e incumpliendo de deberes y debe cumplir la medida preventiva en la cárcel de San Pedro por el lapso de seis meses, a raíz de ventas irregulares de títulos y valores registrados en la gestión 2020. Otros cinco funcionarios de la Gestora también están involucrados en este caso, donde se investiga las ventas irregulares de títulos y valores en 2020.

“Seis funcionarios de la Gestora, pese a que existía una prohibición de venta de estos títulos/valores, han realizado siete transacciones irregulares, las cuales han movido un capital de casi Bs 43 millones”, informó el fiscal Johan Muñoz, antes de que inicie la audiencia cautelar del sindicado.   

Dijo que por evaluaciones y auditorías de la actual administración de la Gestora se logró identificar estas irregularidades.

Según las investigaciones preliminares, la venta de estos títulos y valores se hicieron a empresas y fondos de valores a un precio menor de lo que establece la norma, pese a que esas operaciones estaban prohibidas por una resolución emitida por la propia Gestora en 2020.

“Se ha identificado que el Estado boliviano ha comprado a un determinado precio, pero estos seis funcionarios lo han vendido a un precio menor, no solamente eso, sino que también han comprado (…) en un precio más alto del mercado bursátil que estaba catalogando en ese momento”, detalló el fiscal.

Dijo que la investigación es muy compleja y se requiere una auditoria especializada de cada proceso de venta a fin hacer una evaluación patrimonial de cada una de las transacciones para identificar y establecer el daño económico provocado al Estado.

El fiscal explicó que la Gestora tenía la liquidez para cubrir todo ese año los bonos correspondientes, es decir, no había necesidad de hacer dichas transacciones, y desde ahí empiezan las irregularidades de este caso.

La investigación inició a denuncia de la Gestora Pública, instancia que tiene la responsabilidad de la administración de los bienes, pago de rentas de vejez y dignidad, en merito a eso, la Gestora tiene la facultad de comprar títulos y valores con la finalidad de incrementar el capital para el pago, a fin de que exista una liquidez para que el Estado pueda cumplir con estas obligaciones.

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