Reunidos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los cívicos de todo el país exigieron la liberación y amnistía para todos los “presos políticos” que se encuentren procesados por el presunto caso del “golpe de Estado” y advirtieron con asumir un paro en caso de que se continúen con las aprehensiones.

El pronunciamiento fue leído por el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien hizo un llamado a la unidad y mantener la “vigilia permanente” para proteger nuevamente la defensa de la democracia precautelando el respeto a la Constitución Política del Estado.

Afirmó además que no se permitirán más aprehensiones ni “persecución indebida con fines políticos” contra quienes lucharon durante los 21 días, entre octubre y noviembre de 2019, que derivaron luego en la renuncia del expresidente Evo Morales.

“Exigir que se otorgue amnistía de forma igualitaria en favor de los ciudadanos, autoridades, líderes políticos, líderes cívicos, militares y policías que lucharon por nuestro país. En caso de arresto, aprehensión, detención, aprehensión ilegal de cualquier ciudadano boliviano, incluyendo policías y militares a título de caso de golpe de Estado, todo el país ingresará en paro cívico”, afirmó.

Anunció además que se denunciará ante organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) la “grave violación, atropellos y derechos humanos” que se viven en Bolivia por el denominado caso del “golpe de Estado”, impulsado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Dentro de la investigación, la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus exministros se encuentran detenidos preventivamente en diferentes cárceles por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Otras exautoriades se encuentran dentro del caso y son buscados por la Policía.

En la misiva, se pedirá al secretario general, Luis Amagro, se adopten medidas para “proteger al pueblo boliviano de la opresión”. Para ello, solicitará que se conforme una comisión internacional que investigue los hechos de corrupción y persecución política hasta lograr consolidar la independencia del sistema judicial en el país.

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