El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que Jeanine Añez es procesada como exsenadora y no como exmandataria, por lo cual no le corresponde un juicio de responsabilidades.
“En este momento estamos ante un juicio a una exsenadora, por lo tanto, no corresponde ningún juicio de privilegio constitucional, cuando se la juzgue como expresidenta se verá en qué caso va a la Asamblea (Legislativa Plurinacional) y si corresponde un enjuiciamiento”, indicó Lima, según nota de prensa del Ministerio de Justicia.
El juicio de responsabilidades es un proceso especial para mandatarios por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Requiere de una autorización de dos tercios de la Asamblea, que actualmente no tiene el MAS.
Añez protestó porque se la había aprehendido sin previa citación a declarar y, además, señaló que le corresponde un juicio de responsabilidades al haber sido mandataria.
Lima aseveró que Añez debe enfrentar un juicio ordinario por su participación en la presunta ruptura al orden constitucional en el caso “golpe de Estado”.
En noviembre de 2019, Añez, siendo entonces segunda vicepresidente del Senado, asumió la presidencia del Estado tras las renuncias del Presidente, Vicepresidente y primeros cargos de ambas cámaras.
Este caso fue iniciado en diciembre de 2020 a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, quien entonces se querelló contra Luis Fernando Camacho, su padre, además de exjefes policiales y militares.
El Ministro aseveró que Añez podía haber comparecido desde diciembre a dar su verdad sobre el caso “golpe”, pero no lo hizo. Aseguró que se ha cumplido el debido proceso.
“En este caso se han respetado todas las reglas del debido proceso, el inicio de la investigación, todo el control jurisdiccional y no hay ningún defecto procesal", dijo Lima.
Sin embargo, desde el otro frente, el diputado Rafael Quispe señaló que tampoco corresponde un proceso a Añez en calidad de exsenadora, dado que la Constitución señala que los parlamentarios no pueden ser procesados por los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones.
El artículo 151 de la Carta Magna señala que “las asambleístas y los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente”.
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