Por venganza del expresidente Evo Morales y del Movimiento al Socialismo (MAS), el Ministerio Público inició una persecución contra exjefes de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana por un supuesto “golpe de Estado”, debido a que salieron a las calles a poner orden ante las quemas y destrozos que sucedieron durante la crisis política, además sugirieron la renuncia del entonces mandatario en noviembre de 2019, según analistas y exautoridades consultados por ANF.
En estos días, la Fiscalía emitió varias órdenes de aprehensión en contra de exjefes militares y policiales que sugirieron la renuncia de Morales. El caso se abrió a denuncia de la exdiputada Lidia Patty (MAS), quien acusó al excívico Luis Fernando Camacho, a exjefes militares, policiales y otros por conspiración al gobierno de Evo Morales.
El coronel y abogado Jorge Santisteban considera que el caso responde a un “tema político” y es injusto, ilegal e incoherente, porque no se respeta las normas procesales y se atropella la justicia militar, buscando someter a los efectivos de las FFAA enviándoles a la justicia ordinaria.
“Es un proceso por venganza, más que por golpe de Estado, donde está ya torciéndose la justicia, es ahí el problema (…) El meter a la cárcel sin respetar el estado de derecho y las condiciones de derechos fundamentales de una persona eso es humillar no solamente al militar, humillar a todos los militares que están en servicio activo expuestos a lo mismo”, refirió Santisteban.
Pasar por encima la Justicia Militar, cambiar a una doctrina antiimperialista y no en base a la seguridad y defensa del Estado, cuando ascienden a militares que no hicieron carrera y no cumplen requisitos, todo eso es humillar y mellar de manera abierta la dignidad de las FFAA, manifestó.
Explicó que para iniciar el proceso primero se debía esclarecer si hubo o no hubo “Golpe de Estado”, pero lo que hace la Fiscalía es dar por hecho que hubo “Golpe” e inicia persecución a mandos intermedios, y se dejó escapar a mandos superiores.
La abogada Jalith Mariño coincidió con que el caso responde a un criterio político y es arbitrario, porque no se cumplió con cuestiones legales que determinen si hubo o no hubo “Golpe”, para recién tipificar el hecho.
“Más pareciera una persecución política, a quienes han acudido al llamado de la población en general cuando estábamos siendo amenazados a plan de dinamitas, piedras y estábamos siendo amenazados en el interior de nuestros domicilios por ciudadanos identificados al gobierno del MAS”, argumentó la jurista.
Por su parte, el exdiputado y exviceministro de Régimen Interior y Policía, Wilson Santamaría, lamentó la sumisión de la Fiscalía para perseguir a policías y militares con órdenes de aprehensión, cuando los uniformados solo cumplieron la Constitución Política del Estado restablecieron el orden y evitaron el enfrentamiento entre bolivianos.
“Fue (para) parar los saqueos en la ciudad, fue parar el destrozo de la propiedad pública como la quema de los buses en La Paz, por ejemplo, o de daño a infraestructura en otras áreas del país. Condenamos esta acción tan sinvergüenza de la justicia boliviana”, manifestó.
Dijo que la Justicia actúa con sumisión al gobierno del MAS. Pidió a la población estar atenta y no permitir la persecución en contra de los que piensan diferente, porque hoy son los militares y policías, mañana podrían ser activistas y ciudadanos que exigieron respeto a la democracia.
El exdiputado Amílcar Barral dijo “hay una persecución política (con estos casos) y una venganza digitada desde Evo Morales y secundada seguramente por Luis Arce”.
Recordó que cuando era parlamentario se hizo una investigación sobre los hechos registrados en noviembre de 2019, sin embargo, los legisladores del MAS presentaron un informe sesgado y parcializado. Ahora, ni bien entra el MAS al Gobierno, se libera a los implicados en saqueos y hechos de violencia y los premiaron con cargos.
“Hablan de golpe de Estado habiendo sido ellos (los del MAS) los que han avalado la presidencia de Jeanine Añez, no debiera haber el Congreso por un año más, ellos son los que han aprobado la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, ellos son los que han aprobado el gobierno transitorio, entonces no sé de qué golpe de Estado hablan”, señaló.
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